El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
El asunto no es de racionalidad, sino de credibilidad. Ésta, de entrada, topa primero con el instinto, el segundo filtro es la intuición y, cuando hay evidencias tangibles, se instala finalmente en la razón.
En la sicología del mexicano, a decir del maestro Samuel Ramos, está la desconfianza. No en alguien en particular, sino en todo prójimo.
Pongamos de este tamaño la cuestión. De fuente oficial: El debutante secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete “garantizó” ayer, a saber: El gobierno federal estará al margen del desarrollo del proceso electoral en marcha.
Agregaría: Será la ciudadanía la que defina en las urnas cuál es la mejor opción política, “como hace seis años”.
Las concesiones de los árbitros electorales
Dos elementos circundantes: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de sentenciar que los partidos y candidatos en campaña están facultados para el reparto de tarjetas bancarias a fin, digamos, de estimular el voto de quienes las reciben en favor de quien las entrega.
El Instituto Nacional Electoral, de su lado, adopta un nuevo criterio asegurando que no es punible la entrega de prestaciones a cargo de los programas públicos en actos masivos.
En el primer caso se insertan los partidos políticos; empezando por el del gobierno. En el segundo, sólo los partidos en el poder gestionan recursos públicos etiquetados para programas sociales.
Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre
Respecto de las declaraciones de Navarrete, el factor radica en que es el propio Instituto Nacional Electoral (INE) uno los responsables de una fundamental función de Estado: Precisamente, la electoral.
En uso de su autonomía, el INE -lo sabemos desde que era Instituto Federal Electoral- acude a la Secretaría de Gobernación en solicitud de blindaje del proceso electoral contra la eventual intromisión del crimen organizado, sobre todo en las zonas más vulnerables del país.
El garante de ese blindaje serían las Fuerzas Armadas, cuya coordinación depende de la Secretaría de Gobernación, al través del Gabinete de Seguridad Nacional.
A mayor abundamiento, los partidos políticos nacionales, desde 2015, han recurrido a la Secretaría de Gobernación para que, al través de su Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), verifique y documente el perfil de los candidatos a puestos de elección popular, a fin de detectar a tiempo y prevenir vínculos con organizaciones criminales.
¿Son sinceras las declaraciones del titular de Gobernación en el sentido de que el gobierno federal se mantendrá “al margen” del proceso electoral en marcha?
Las elecciones constitucionales a modo de referéndum
Desde otra óptica, particularmente en los mandatos presidenciales de Felipe Calderón, Vicente Fox y del propio Enrique Peña Nieto, con independencia de los resultados finales, los mandatarios han pretendido hacer de cada proceso electoral un referéndum sobre su gestión y sus personales figuras.
Si la electoral es una función de Estado, según la codifica la Constitución, ¿cómo puede el gobierno federal mantenerse al margen de ella?
No es ese el punto. El punto es que el gobierno federal y los gobernadores, constituidos en grandes electores se apropien de la dirección de las campañas, dispongan ilícitamente del presupuesto público, para hacer ganar a sus partidos y candidatos, a toda costa y a cualquier costo. Suele ocurrir. Es cuanto.
VP/Opinión/JSC