El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
En elecciones concurrentes en julio de 2018, de los resultados que se generen habrá cambios de gobernador en ocho estados y de jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Haciendo metáfora con el fútbol mexicano, en cuyas ligas lo más emocionante no es que escuadras están arriba de la tabla, sino que equipos descenderán, por increíble que parezca el interés no radica en qué partidos y candidatos llegarán a las gobernaciones de las nueve entidades.
El interés morboso estriba en saber cuáles de los gobernantes entrantes estarán dispuestos a aplicar su poder constitucional para hacer el ajuste cuentas a los salientes y, como ocurre ya en al menos otros ex mandatarios sujetos a proceso, hacer valer la ley según lo reclaman los ciudadanos.
De cómo sería un ajuste de cuentas indispensable
En estricto rigor, en esos menesteres en el México corrupto, no se trata de un ajuste de cuentas con el pasado desde el punto de vista de la ética filosófica.
Se trata, fundamentalmente, de que el ajuste de cuentas, conforme la moral republicana, empiece por la auditoría a las Secretarías de Finanzas y las tesorerías públicas de las administraciones que están a punto de concluir.
Es cierto que, según los precedentes, la judicialización de los ex gobernadores hasta ahora no ha servido para disminuir la deuda pública de los gobiernos de los estados que rebasa ya los 600 mil millones de pesos.
No se espera tanto. Pero acaso con un nuevo secretario de Hacienda del gabinete presidencial, la Unidad de Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas ponga freno a la rapiña sobre las participaciones federales a los estados, hipotecadas ya por varios sexenios. Algo es algo. Es cuanto.