El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
El complemento del título de esta entrega es: Para los enemigos, justicia a secas. Es la doctrina que está aplicando el encargado del despacho de la Procuraduría General de la Repúblicas, Alberto Elías Beltrán.
Hace unas horas, hizo eco en México una nota del diario neoyorquino The Wall Street Journal que consigna una entrevista con el ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (PGR), Santiago Nieto Castillo.
En sus declaraciones, Nieto Castillo denuncia que se le ofreció, traducido por nosotros, el palo y la zanahoria.
Asegura el ex funcionario que un emisario de la Secretaría de Gobernación lo citó en un hotel de la Ciudad de México para convencerlo, sobre de por medio, de tratar con indulgencia el caso Odebrecht, la trasnacional brasileña imputada de trasegar millones de dólares a la campaña presidencial del PRI en 2012.
Precisamente las infidencias sobre ese asunto sirvieron de coartada para su cese, dictado por Elías Beltrán apenas entró al relevo del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.
A tenor con la entrevista del diario neoyorkino, Nieto Castillo habría rechazado el soborno. El Plan B consistiría en amenazas de muerte y hostigamiento con acoso de naturaleza conyugal.
César Duarte está resultando una blanca paloma
En las mismas horas, la PGR de Elías Beltrán emitió un boletín comunicando la exoneración del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, entre otras acusaciones, por lavado de dinero.
Duarte, que tiene 11 expedientes acusatorios abiertos por la Fiscalía General de Chihuahua, anda prófugo desde la entrega del mandato a Javier Duarte Jurado.
La causa federal por la que se imputó a Duarte fue documentada con la apertura y operación de un fideicomiso con 60 millones de pesos para capitalizar la financiera Unión Progreso, más tarde convertida en banco regional.
En la propia PGR, según se supo en 2017, Duarte había sido sometido a averiguación previa por la Fiscalía para Delitos Electorales por la disposición de dinero del erario para destinarnos al PRI estatal.
Ese caso se magnificó cuando se descubrió que, durante la presidencia nacional del PRI a cargo de Manlio Fabio Beltrones, un secretario adjunto, Alejandro Gutiérrez, fue imputado de corretaje de unos 250 millones para financiar campañas tricolores en varios estados de la República.
Algo debe haber de turbio en ese affaire que hasta el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña demando a la PGR explicar la causa por la que decidió no ejercer acción penal contra César Duarte.
Aparte de la guerra sucia, ¿hay mano negra en la sucesión presidencial de 2018? Pregunta elemental. Es cuanto.
VP/Opinión/EZ