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Primero de julio: Un algoritmo y cuatro jueces

El Lecho de Procusto

Abraham García Ibarra

¡Qué le vamos a hacer! Nuestro calendario biológico todavía tiene un resto de pila para recordar: 1) El 2 de julio de 1988 fueron asesinados a balazos, en la Ciudad de México, Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez.

2) Cuatro días después, en las instalaciones de la Comisión Federal Electoral (CFE) se cayó -y se calló- el sistema de cómputo. Después, el presidente Miguel de la Madrid diría que ese “incidente” la noche del 6 de julio provocó un terremoto político en la clase priista.

El bajacaliforniano Ovando había sido militante del PRI. Se afilió a la Corriente Democrática interna y había sido diputado federal por un distrito de Michoacán. En las horas de ejecución, con su asistente Gil, operaba como estratega de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Había creado una estructura territorial horizontal en todo el país para vigilar y defender el voto.

La noche del 6 de julio, el sistema de cómputo de la CFE recibió los primeros reportes de resultados desde los estados de Baja California, México, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal. La mayoría de los votos era para el Frente Democrático Nacional (FDN) y Cárdenas. Se cayó el sistema.

Sobre el Colegio Electoral, las cenizas de las boletas quemadas

Semanas después, en el pleno del primer Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, el salón de sesiones de San Lázaro se nubló con las cenizas de boletas electorales quemadas a las orillas de ríos y arroyos de Guerrero, esparcidas desde costales por un diputado frentista electo por aquel estado.

El entonces diputado priista, el constitucionalista michoacano don Antonio Martínez Báez describió el procedimiento en el segundo Colegio Electoral de San Lázaro, de calificación de la elección presidencial, como un golpe de Estado técnico.

Estudio matemático sobre potencial nulidad de la elección

Tenemos a la vista un cuadernillo impreso bajo el rubro Interpretación de los resultados oficiales (de 1988) mediante el análisis matemático al que se aplicó el Instituto de Proposiciones Estratégicas.

Con profusa selección de distritos y casillas por estados, y gráficas estadísticas, esa institución de patrocinio privado dio pruebas científicas de que en por lo menos 25 por ciento de las secciones hubo irregularidades bastantes para determinar la nulidad de la elección.

Citamos el porcentaje, porque era el establecido por la normatividad electoral para declarar la anulación de los resultados.

Fue la temporada de la primera usurpación del poder presidencial contemporánea. Luego vino el pacto de la Alianza estratégica por la que el PAN otorgó legitimidad de gestión a Carlos Salinas de Gortari, quien correspondió con las concertacesiones electorales. Baja California fue el primer obsequio en 1989.

Cuando se caían los transformadores de la Comisión de Electricidad

Segundo ejercicio memorioso segundo: Asistimos por primera vez a votar en las elecciones presidenciales de 1964. Como reporteros, en la Ciudad de México se nos comisionó desde 1968 a la fuente de partidos y procesos electorales.

Tanto en elecciones federales como estatales, fuimos testigos de los métodos del PRI para hacerse de las victorias. En plena jornada electoral, de preferencia a punto de cerrarse las casillas y trasladarse los paquetes a las cabeceras distritales o municipales, arrancaba la Operación mapache.

“Al levantarse la noche”, cuando los representantes de casilla de los partidos de oposición estaban alertas sobre cualquier desaguisado, otra comisión, la Federal de Electricidad, en los territorios más críticos, bajaba las palancas manuales de sus centrales para dejar en tinieblas las zonas electorales.

Era la señal indicativa: Las brigadas de mapaches priistas, algunas identificadas con brazaletes o sombreros verdes, se daban vuelo con el robo de los paquetes electorales.

Si había resistencia popular, la respuesta no se hacía esperar: A punta de pistola, los ladrones de votos la aplacaban. Tenemos constancias documentales y fotográficas de por lo menos 270 casos en diversos estados de la República.

En Sonora, en 1967, no logramos cuantificar la suma de cadáveres que fueron arrojados a las presas y a orillas del desierto de Altar.

2018: Ya pasamos por la “transición democrática”

Ahora, no se ha esperado la fecha de la jornada electoral del 1 de julio: El Registro Federal de Electores y su listado nominal han sido puestos en subasta al mejor postor desde 2017; los padrones de miembros efectivos de los partidos han sido falsificados; la compulsa descubre que ciudadanos no consultados aparecen en la nómina hasta de tres partidos. Sobran los militantes ya fallecidos.

Es del dominio público que partidos y candidatos se han camuflajeado en empresas fantasmas para triangular financiamiento de procedencia inconfesable. Dirigentes y candidatos son pasados por las armas aún antes de que iniciaran sus campañas. Ya no se espera la hora del voto: Las boletas electorales están siendo robadas por miles.

Son casos aislados”, dicen los árbitros electorales federales, aunque son ya más de media docena los estados que reportan esos hechos.

“No hay focos rojos”, dicen los del INE, pero particularmente el Ejército patrulla las 24 horas del día diversas zonas en tensión social, tratando de impedir la galopante violencia política.

Los sistemas de cómputo rigurosamente “blindados”

Para tratar de evitar fenómenos como los de 1988, la autoridad electoral, que ha contratado tecnología de punta, declara un día sí, y otro también, que sus complejos informáticos están rigurosamente blindados.

De 2006, sin embargo, nos vienen las dudas razonables sobre la inviolabilidad (al menos desde el exterior) de los sistemas de cómputo, entonces del Instituto Federal Electoral (IFE).

Un grupo de expertos universitarios se dio a la tarea de hacer su propia investigación tecnológica y concluyó en la hipótesis de que las bases de datos originales de los sistemas pudieron ser alteradas, de suerte que la información procedente de las computadoras distritales hasta su terminal llegó adulterada e incidió en la presentación final de los resultados.

Como sea, Felipe Calderón Hinojosa dejó para los bronces la síntesis sobre la manera en que llegó a Los Pinos: Haiga sido como haiga sido.

Contratos del IFE vía nepotismo tecnológico

“Fiel a su espejo diario”, ayer se presentó a cuadro televisivo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para salir al paso de la sospecha: ¿Fraude? ¡Imposible!

¿Cómo perpetrarlo? Sería absolutamente ilógico suponer que un millón 400 mil funcionarios de casilla se pudieran poner de acuerdo para realizar una actividad indebida.

No es ese el punto: Los funcionarios de casilla pueden ser personas de buena fe. Pero, después de cumplir su función in situ, pierden el control sobre las actas y los paquetes electorales, que pasan a las juntas distritales o municipales. Donde existe electricidad y se dispone de computadoras, la captura de la documentación transita por el circuito informático hasta llegar a las terminales.

En 2006, la suspicacia o el escepticismo cundieron cuando se hizo público que un familiar político del candidato presidencial, después nombrado Presidente, fue favorecido con contratos por el IFE para la operación cibernética del proceso de elección presidencial.

Al inicio de las campañas presidenciales del 18, se puso al aire una verdad como catedral: Desde ignotos ingenios informáticos empezaron ataques a la privacidad de las personas, sobre todo de aquellas con derecho a votar, para tratar de inducir su opinión electoral.

Denunciados pública y judicialmente esos hechos, pasaron semanas antes de que se identificara las fuentes de esa perversa operación. Aún hoy, instancias electorales no definen si esas ruines acciones tienen alguna precisión o analogía de tipo penal. Ya ocurre con otras transgresiones flagrantes de la misma naturaleza.

La UNAM mete las manos al fuego por “la seguridad”

Para tratar de infundir confianza pública en el proceso electoral y sus resultados, el INE apeló a la autoridad y el prestigio de la UNAM.

El médico-rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue apostó su credibilidad en el blindaje del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP): Con nosotros está el compromiso de la verdad y si existiera cualquier irregularidad se comunicará: Tenemos altísimos niveles de seguridad.

Por si alguna sospecha subyaciera, el aval universitario pasará ante fedatario público. Si éste es la clave, nos quedamos con el beneficio de la duda.

Vamos, pues, a dar por bueno que los algoritmos pasan la prueba del ácido. La fase culminante de la sucesión presidencial se desarrolla, sin embargo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas sentencias son definitivas e inatacables.

Las cabezas de los magistrados electorales federales no pasan por ningún mecanismo de seguridad informática. Aquí la gran cuestión: Con cuatro de siete togados que voten por la validez de los cómputos, un candidato presidencial ya la hizo. Si es por unanimidad de votos, como suelen ser en estos casos, con más razón. Es cuanto.



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