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Secretos fiscal, bancario, fiduciario, etcétera

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

En Lima -gracias a los medios de comunicación-, es del dominio público que los ex presidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fueron engrasados por la trasnacional brasileña  Odebrechet, dispensadora de cohechos y sobornos a granel en toda América Latina.

En Perú mismo, se sabe que la corruptora brasileña no tuvo candidato aborrecido para la reciente sucesión presidencial: Regó por igual los huertos de la opositora Keiko Fujimori que el del candidato triunfante Pedro Pablo Kucsynski.

En Caracas, la opinión pública está informada de las implicaciones de ejecutivos y funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela en similares casos de corrupción perpetrados por Odebrecht.

En Buenos Aires, Panamá, Guatemala y Santo Domingo, sucede lo mismo en casos relacionados.

Aquí tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública

Sólo en México, donde existe -no faltaba más- un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (gubernamental), los compatriotas tienen prohibido enterarse de qué hizo Odebrecht específicamente con sus contactos con Petróleos Mexicanos y con la campaña presidencial del PRI en 2011-2012.

Es que, en México, el que hace la ley, hace la trampa: Contra al Derecho a la Información, se oponen los secretos fiduciario, bancario, fiscal y, por supuesto, la secrecía en indagatorias de tipo  judicial, así se trate de crímenes de lesa economía pública.

Los perros guardianes de la ley, incluso, penalizan a informadores imputados de ofender la honra y la moral de probos actuantes en la política.

En los escándalos que implican a Odebrecht se puede saber que nuestra política interna y externa se apega al cumplimiento de las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, con toda la denominación oficial, según la emplean los representantes de la trasnacional.

Casualmente, velar  por la Constitución “y las leyes que de ella emanan”, es el texto que aparece en el atril frente a los ojos de funcionarios gubernamentales, desde el mismo Presidente de la República, en el momento en que toman posesión de sus encargos.

Los tantos secretos arriba enumerados, impiden discernir si las sospechas que se ciernen sobre Emilio Lozoya Austin en su carácter, primero, de coordinador de la agenda internacional de la campaña presidencial del PRI en 2012, y después como director general de Petróleos Mexicanos, tienen algún elemento de certeza, o siquiera de verosimilitud.

“Política de cero tolerancia” hacia el soborno

Los documentos que se han ventilado sobre el asunto, gracias a investigaciones periodísticas, contienen una cláusula que al texto dice: Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción, y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido con la Ley Federal Anticorrupción… (Je je je.)

Pero en México las bibliotecas están llenas de volúmenes que hablan de ética pública y moral republicana. Ahí se nutren los fabricantes de spots de los candidatos a la Presidencia de México. Y no pasa nada. El secretismo es la marca de la casa. Es cuanto.  

VP/Opinión/EZ

 

 



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