Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George (*)
Desaseada, fue el término que empleó el magistrado electoral federal José Luis Vargas al calificar la actuación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que concluyó en la negativa de registro como candidato presidencial independiente a Jaime Rodríguez.
Si la sucesión presidencial de 2018 se ha revelado como una verdadera Caja de Pandora, la resolución votada ayer en favor del gobernador de Nuevo León con licencia por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ponencia de Felipe Fuentes Barrera (votación dividida 4 a 3), le mete más ruido a una contienda de por sí contaminada por la recurrente transgresión al régimen electoral.
Los mexicanos sufren la cruda de borrachera que no se han puesto
El huevo de la serpiente antidemocrática sido incubado tiempo ha en los recintos del legislador en dos cuestionables procesos: 1) La simulación de la democracia, ahí donde las reformas electoreras se han acometido para aupar y privilegiar a la partidocracia, no para proteger los derechos del ciudadano y 2) El odioso sistema de cuotas y cuates en el nombramiento de consejeros electorales (Cámara de Diputados) y magistrados (Senado).
De ello sigue lo que coloquialmente se reconoce -al estilo de las cámaras del Poder Legislativo- como bancadas de los partidos, tanto en el Consejo General del INE como en las salas de la instancia jurisdiccional, en cuyo caso se identifica como dominantes aquellos árbitros a los que se les nota el fierro del PRI.
La sinrazón política por encima de la razón jurídica
Si la credibilidad del antiguo IFE y del TEPJF pasó relativamente por los filtros de la suspicacia al menos hasta la elección presidencial de 2000, a partir de 2006 la sospecha de parcialidad cobró plaza en la pugna entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, serias investigaciones y análisis académicos pusieron en tela de juicio a los magistrados. Se les imputó haber sometido la razón jurídica a la sinrazón política. Esta sospecha se confirmó aún antes de la campaña presidencial de 2012.
Hasta entonces, sin embargo, consejeros y magistrados procedieron con discreción en la administración de ciertos diferendos, de suerte que la opinión pública no percibiera lo que estaba tras bambalinas, para no dar argumentos a los beligerantes en las contiendas electorales.
En última lectura, tanto la instancia administrativa como la instancia jurisdiccional se atrincheraron en las deficiencias, insuficiencias, lagunas y contradicciones en las normas emitidas por el legislador, coartada de la que se pasó a las interpretaciones discrecionales de la ley para justificar resoluciones y sentencias impugnadas por los actores electorales.
Los árbitros sacan y secan sus trapitos al sol
Desde 2017 y ahora en 2018, con la nueva comalada de magistrados, éstos han asumido ciertas actitudes de arrogancia respecto de las facultades y capacidades de los consejeros para leer y aplicar la ley, como si la autoridad administrativa, a la que corresponde organizar y evaluar en primera instancia los resultados electorales, fuera un actor menor en eso que la Constitución codifica como función de Estado, la electoral.
Quien la hizo de abogado del diablo en defensa de los derechos del independiente Rodríguez, atribuyó su descarte a la libre apreciación personal de aquel comisionado del INE que tuvo a su cargo documentar las transgresiones a la norma por las que se negó el registro al regiomontano. Como si los magistrados, de su lado, no actuaran y sentenciaran con base en interpretaciones también muy personales.
Conste que, en los dictámenes correspondientes que originalmente “dejaron fuera” a Rodríguez, como los que se aplicaron para la eliminación de Ríos Piter y Ferriz de Con, se comprobaron cientos de miles de firmas falsas, simulaciones y aun omisiones en el reporte de gastos que implicó el proceso.
Según la ponencia en comento, a Rodríguez se le negó el derecho de audiencia en el INE, no obstante que el afectado tuvo acceso al expediente y logró recuperar buen número de firmas que no le alcanzaron para “estar en la boleta electoral” el 1 de julio. Incluso, alguien habló de haberse transgredido el debido proceso.
Rodríguez sí, ¿por qué no Ríos Piter y Ferriz de Con?
En plenaria anterior en el mismo Tribunal, se habían pronunciado contra las firmas falsas captadas de copias de la credencial de elector y se alegó que sólo la credencial original ofrecía certeza a los beligerantes electorales y al proceso electoral mismo.
El expediente en cuestión vuelve al INE. ¿Repone y acredita sus elementos de su investigación o, en automático, avala la aparición del nombre de Rodríguez en la boleta electoral, según lo dan por hecho algunos analistas en algunos medios de comunicación? ¿Extiende el beneficio a otros candidatos independientes desplazados anteriormente?
Hoy mismo en la mañana, con fuente en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, otros medios pusieron en la orden del día el imperativo de la moral pública en ese tipo de situaciones. ¿Faltan a la moral pública los consejeros electorales? ¿Lo hacen los togados?
La intencionalidad manifiesta en la división del trabajo
Mientras que toca el turno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, quedan para el mercado especulativo dos sospechas: 1) Cuando el INE, a pesar de que compartió las irregularidades en el proceso, dio por bueno el expediente de la panista desertora Margarita Zavala se dio por sentado que la intencionalidad visible es restar votos al candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés y
2) Cuando cuatro magistrados rehabilitan a Rodríguez, el objetivo sería restar votos al candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
Las hipótesis adquieren verosimilitud a la hora de que las últimas encuestas colocan a Zavala cerca de José Antonio Kuribreña, que cabalga en el tercer sitio en la intención del voto. Después de su recorrido por los estados del norte, donde Morena tiene un registro electoral precario, López Obrador se consolida en la punta con ventaja de 10 puntos porcentuales respecto de Anaya Cortés, y 20 respecto de Meade. Solo Rodríguez podría revertir la tendencia en favor del tabasqueño en el norte.
Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, dijo el clásico. A condición de que la apliquen jueces libres de sospechas. Que no es el caso de los magistrados electorales.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
VP/Opinión/EZ