El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Una máxima clásica establece que, en política, no existen las casualidades. Será por eso que, en la monstruosa tragedia que asuela hoy a los mexicanos, hay que encontrar un hilo conductor para discernir si es la Naturaleza la culpable o si hay huellas de que, en los enormes costos sociales y económicos, aparece el ADN del crimen organizado en su modalidad de cuello blanco.
Conviene enmarcar esa pesquisa en el marco de la Sucesión presidencial de 2018. Trataremos de explicar el sentido de este subrayado.
Como no tenemos título de Historiador, nos atenemos a los registros periodísticos que conservamos en el disco duro que todos traemos en nuestro propio cerebro.
La narrativa la dividimos, como en las obras de teatro, en varios actos.
El asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón.
Primer acto) El 30 de mayo de 1984 fue asesinado con arma de fuego el columnista michoacano Manuel Buendía Tellezgirón. Autor, entre otras secciones, de la columna sindicada Red Privada.
Una semana antes, Buendía publicó la última entrega de esa columna. La tituló LESA (Libre Empresa S. A) Reveló el periodista que un grupo de poderosos empresarios mexicanos dirigió un documento al presidente Miguel de la Madrid, proponiéndole la compra de todos los entes empresariales administrados por el Estado, incluyendo, por supuesto el sistema de banca y crédito.
Buendía sostuvo que ese grupo había tenido ya, a principios de mayo, el primer contacto con un miembro del gabinete presidencial, quien habría visto con entusiasmo esa iniciativa. Dio el periodista la lista de socios de LESA. Ocho días después, don Manuel fue ejecutado.
En el sexenio de De la Madrid, importantes y rentables empresas bajo la gestión del Estado empezaron a ser desincoporadas. En mayo de 1990, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, el itamita Pedro Aspe Armella se presentó ante la Cámara de Diputados para promover el proceso legislativo para desnacionalizar la banca.
La campaña del PRI en 1994, no fue equitativa
Segundo acto) En febrero de 1993, en la residencia del ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, con la asistencia de Salinas de Gortari, se ofreció una cena a poderosos empresarios mexicanos.
Después, algunos cronistas que supieron del evento, lo narraron como El charolazo. Se solicitó a los invitados donaciones para financiar la campaña presidencial del PRI de 1994, sin estar definido aún el candidato. Se informó que, como si estuvieran en una subasta, los invitados jugaron a quién daba más. Entre éstos estaban algunos nombrados por Buendía.
Trece meses después, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Lo suplió en la candidatura y en la presidencia, Ernesto Zedillo. Ya en funciones, Zedillo se sinceró y reconoció que su campaña no había sido equitativa.
De cómo se supo quienes fueron donantes
Desclasificada la información sobre donaciones a las campañas de 1994, pasó al Archivo General de la Nación. Una fuente fue el Comité de financiamiento de la campaña del PRI.
Entre 418 fojas del expediente aparecieron nombres de los donantes del PRI. Una de las personas morales fue la Asociación Nacional de Intermediarios Bursátiles, refugio de bolseros que se convirtieron en banqueros en el proceso de desnacionalización bancaria.
Cuenta la leyenda negra que algunos de esos nuevos banqueros pagaron sus adquisiciones al Estado, con papeles chatarra. ¡Ojo!
Al tiempo se sabría que algunos de esos personajes dieron prueba de su dominio de la ingeniería financiera: préstamos irregulares, autoprétamos, préstamos cruzados de una a otra institución bancaria o financiera, etcétera.
Entreacto) Nos consta, como invitados del PRI a la etapa de la campaña de Colosio en Sinaloa, que un día antes del asesinato del sonorense, en Mazatlán formaban parte de su comitiva el empresario yucatabasqueño Carlos Cabal Peniche y don Isaac Saba.
Platicamos con Cabal Peniche en el aeropuerto de Mazatlán. Nos confesó que, en efecto, era donante a la campaña de Colosio, pero también de la campaña de Diego Fernández de Cevallos.
Casi al concluir el sexenio, sabuesos de Aspe Armella andaban tras los huesos de Cabal Peniche, antes distinguido como uno de los más brillantes jóvenes empresarios mexicanos.
La deuda privada contingente, se convierte en deuda pública
Tercer acto) Durante el mandato de Zedillo creó estado el Fondo Bancario de la Protección del Ahorro (Fobaproa). Los beneficiarios de favores gubernamentales fueron blindados bajo la figura del secreto bancario.
Lo significativo de ese proceso legislativo, es que, hasta entonces, la deuda privada absorbida por el Fobaproa se codificaba como contingente. Se convertiría en deuda pública con cargo a los contribuyentes mexicanos.
Durante la LVII Legislatura federal, la Cámara de Diputados creo una subcomisión para investigar las operaciones de Fobaproa. No obtuvo respuesta del gobierno.
El Fobaproa era responsable de hacer efectivo el cobro de la deuda privada que, para entonces, montaba más de 552 mil millones de pesos. El Fobaproa fue convertido en Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Hoy mismo, este ente tiene en su podrida panza un déficit de casi un billón de pesos.
Contra el hermetismo-complicidad gubernamental, empezaron a filtrarse algunos nombres de los deudores del Fobaproa-IPAB. Aparecían favorecidos con los rescates bancario y carretero.
Los afamados protegidos por el Fobaproa-IPAB
Sólo para ilustrar nuestro optimismo, hurguemos en la lista de hace dos décadas: La mexiquense Familia Alcántara, de la que era socio Raymundo Gómez Flores en la empresa de transportes Estrella Blanca.
(Dos acotaciones: En 1993, a Gómez Flores se le mencionó como implicado en una consulta secreta sobre una eventual reelección de Salinas de Gortari. Tiempo después, trascendió que entre los socios de Estrella Blanca aparecía Vicentillo, hijo de Vicente Fox Quesada).
Seguimos con la lista del Fobaproa-IPAB: Jorge Martínez Huitrón, del grupo Sidek; Antonio y Juan Leaño Álvarez del Castillo. (Sus nombres fueron relacionados en Guadalajara como patrocinadores de la secta ultraderechista Los Tecos). El ya citado don Isaac Saba. Justo Fernández.
Fernando Lankenau Rocha (hermano de Jorge, quien pasó una temporada en el penal de Topo Chico de Monterrey, por el Caso Confía). El también ya nombrado Cabal Peniche.
Antonio del Valle Ruiz, de la familia Del Valle, ex presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB). Manuel del Valle Talavera, de la misma familia, Enrique Molina Sobrino, del célebre grupo Escorpión. Julio y Eduardo Mariscal, del Grupo Havre.
José y Gustavo Mazón López, del Grupo Sonora Mazón, uña y mugre de ex gobernador y ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Arturo Lomelí, etcétera.
El salvataje de los socavones carreteros
Cuarto acto) Variaciones sobre la misma lista: Gilberto Borja Arrioja, de Ingenieros Constructores Asociados (ICA), uno de los más ex poderosos contratistas del gobierno, metida en estos días en un hoyo negro financiero.
Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco, con Borja Arrioja y David Peñaloza; éste del corporativo Tribasa (Trituradora Básica. Que alegoría. Triturar: hacer pedazos una cosa); cinco de la “división” favorecida con el rescate carretero, cuyos papeles anidan en el IPAB.
Intermedio) En algunas de sus ediciones anuales de la lista de los más ricos del mundo, Forbes dio cabida en su nómina a algunos de esos insignes empresarios mexicanos.
El apellido Gutiérrez Cortina reverdece laureles
Quinto acto) Una aclaración pertinente. Las denominaciones sociales de esas firmas cambian según sople el viento y se conozcan las convocatorias del gobierno a nuevas licitaciones de obras públicas y servicios. (Por aquello de las inhabilitaciones).
Entra en escena el apellido Gutiérrez Cortina, su marca: Gutsa. El nombre más famoso es el de Juan Diego. Su fama se agigantó cuando le fue cedida la propiedad del World Trade Center, en una operación de unos cinco millones de dólares.
La cantidad resulta una bicoca, vis a vis con otros beneficios. Pudo Juan Diego con esa franquicia agenciarse créditos por más de 450 millones de dólares.
Cómo estaría de lodosa esa concesión, que hasta El niño verde, Jorge Emilio González Martínez, entonces senador, introdujo una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Juan Diego y Enrique Vilatela Riba, en su oportunidad director del Banco Mexicano de Comercio Exterior, quien trianguló avales con un sindicato de bancos privados en favor de Gutiérrez Cortina.
¿Por qué dejamos para el quinto acto esta última trama? Porque en 2017 el apellido Gutiérrez Cortina, bajo la cobertura de la firma Epccor, S. A. de C. V., aparece implicado en el escándalo del socavón del paso express de la Autopista del Sol, en Cuernavaca, Morelos.
Vale subrayar que en el último tramo de la lista comentada, se consignan nombres propios y denominaciones sociales de corporativos dedicados a la industria de la construcción y especulación inmobiliaria, y su mejor cliente y benefactor es el gobierno de la República, tan consternado, junto con el de la Ciudad de México, por las terribles y horrendas consecuencias de los terremotos del 19 de septiembre-bis.
Lo dicho, en política no hay casualidades. Es cuanto.