VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
En un mero ejercicio memorioso, podemos recordar que, cuando el Acuerdo -aquí asumido anticipadamente como Tratado- de Libre Comercio, ahora de América del Norte (TLCAN), llegó a El Capitolio en Washington, hubo voces que advirtieron que la liberación arancelaria de las fronteras favorecería el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Se puso como caso potencial el corredor Torreón-Ciudad Juárez (Coahuila-Chihuahua, donde posteriormente empezó a operar El Cártel de Juárez) y se le colocaron dígitos a los excedentes del narco: Unos 17 mil millones de dólares al año. Estamos hablando del arranque de la década de los noventa.
Para 1993, esa cifra ya resultaba descomunal, puesta de cara a la precaria escolaridad de los principales jefes de las bandas mexicanas dedicadas a esa actividad, cuyo tratamiento punitivo no pasaba de la autoridad policial y su registro mediático se reservaba a las secciones de “nota roja”.
Todavía hasta ese periodo, los capos portaban sus voluminosos efectivos en dólares en sus vehículos terrestres, avionetas o yates que navegaban entre marina y marina, principalmente en el litoral del Pacífico, para concertar y pagar sus operaciones.
Era, esa, una “ventana de oportunidad”. En lo sucesivo, la gestión financiera de esos recursos en México requirió de ingeniería financiera (al alcance, en especial, de los banqueros), cuya función consistió en buscar los nichos más apropiados para blanquearlos.
Cuando la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) estaba en manos honestas, que las hubo, se recomendó particularmente a la autoridad fiscal poner la mira en florecientes ramos de inversión y desarrollo.
De entrada, las distribuidoras automotrices, el sector turístico en su modalidad hotelera y el negocio inmobiliario. Se extendería más tarde la previsión a los bancos, ya privatizados; las casas de cambio y aun la Bolsa Mexicana de Valores. No faltaron, desde luego, las llamadas “rosas de la abundancia”, pirámides o escaleras de alances familiares o vecinales, operadas bajo el Esquema Ponsi.
La PGR, en atención a sus limitaciones legales, sujetas a mandato judicial, corría a vistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo que se tipifican como operaciones inusuales; bancarias en la mayoría de los casos.
Dinero ilegal, ahora también del tráfico de armas y de personas
Ha corrido mucha sangre y mugre bajo los puentes. Año con año, la Agencia Antinarcóticos (DEA) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportan al gobierno mexicano la estadística anual del lavado de dinero, ahora producto derivado también de los tráficos de armas y de personas.
Durante el sexenio pasado, se declaró la guerra contra el crimen organizado. Los monstruosos saldos están a la vista de todos. Sirven para emitir condolencias gubernamentales, declaraciones de “no bajaremos la guardia” e “impediremos que el narco suplante al Estado”. ¿Y qué?
Dos días después de la presentación del IV informe de Gobierno, como si no faltaran a los mexicanos motivos para preocuparse, aquí una firma que apoya a “entidades vulnerables” -TM Sourcing- reportó que año con año, en México se lavan entre 15 mil y 50 mil millones de dólares, especialmente al través de los circuitos financieros.
(Acotación nuestra: En sólo tres años, con esos recursos podría cancelarse la deuda externa mexicana).
La postmodernidad, que ha llegado para quedarse, ofrece opciones, informa TM Sourcing, mediante “la financiación de proyectos a través de plataformas digitales de recaudación de fondos”, que se consideran difíciles de monitorear y más difícil de castigar.
Cuestión de Seguridad Nacional, se codifica ahora la amenaza del crimen organizado. ¿Asiste la razón entonces a aquellos audaces que aconsejan que el control de la producción y mercadeo de drogas se asuma como empresa de Estado? A ese extremo hemos llegado.