El Pacto por México, ¿patente de impunidad?

VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George

¿En qué Estado nacional, que no acepte la codificación de fallido, puede permitirse que existan en la instancia superior de procuración de justicia (la PGR) 270 denuncias penales contra gobiernos de entidades federativas, sin seguimiento y sin castigo? En el Estado mexicano.

Esos recursos legales han sido presentados a lo largo de 16 años por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, como consecuencia de la revisión de las Cuentas Públicas del gasto gubernamental que se procesa anualmente.

Del total de las denuncias penales contra gobiernos de los estados, 260 corresponden al periodo de 2014 a lo que va de 2016 del sexenio que se inauguró en diciembre de 2012 con el compromiso de crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

El dato más reciente informa que la corrupción cuesta a los mexicanos más de 900 mil millones de pesos al año.

Las madrigueras de los transgresores

Un desagregado de la suma de denuncias penales nombra a los estados de Veracruz y Chihuahua, con 56 y 17 respectivamente (73).

Se les cita aquí porque hasta hace poco fueron gobernados por priistas que perdieron electoralmente sus entidades. Están en remojo Quintana Roo, Durango y Aguascalientes, cuyos ex mandatarios priistas pasaron también por el trance de la derrota.

Pero en la lista negra están también Morelos (19 denuncias) y Michoacán (21), gobernados por perredistas.

Recientemente, han sido puestos en cartelera oficiosa los gobiernos de Querétaro y Baja California, a cargo del PAN.

No es ocioso señalar que la nómina trascrita implica al PRI, el PAN y el PRD, partidos firmantes y operadores del fáctico Pacto por México.

En ese pacto, ¿se incluyó una cláusula secreta que garantiza la impunidad a los transgresores? El sospechosismo da para eso y para más.

Redacción Voces del Periodista

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