VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
En lo que ha corrido del siglo XXI, los salarios mínimos de casi ocho millones de mexicanos se han incrementado a tasas no mayores de 4 por ciento anual: Menos de 50 por ciento en el periodo. En contrapartida, el poder adquisitivo del salario ha caído en casi 40 por ciento.
Se puede apostar tronchado que, tomando como base el conveniente índice de inflación que manipula el Banco de México, que nada tiene que ver con la carestía real a cuyo costo se enfrentan las amas de casa del llano todos los días, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos asestará en diciembre un incremento no mayor de 4 por ciento para 2017. Algo así como tres pesotes diarios.
En eso de la difícil adquisición de la Canasta Básica Alimentaria, las amas de casa transparentan ante el proveedor del hogar el gasto peso por peso, aunque no pasen de dos, según cantaba Pedro Infante a La Bartola.
Pero tenemos aquí que, el que reparte y comparte, se queda con la mayor parte. Y el repartidor rubrica el reparto: Austeridad y transparencia.
La asignación del gasto federal para 2017, como todos los años, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados al través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esta comisión la controlan el PRI y el PAN.
En la cuestión de la austeridad, el balance de 2000 a 2016 nos informa que el Poder Legislativo federal se ha favorecido con un incremento acumulado de su presupuesto del orden de 101 por ciento.
Si, como lo establece la regla gerencial de administración por resultados, la retribución se corresponde con el rendimiento laboral, lo primero que salta a la vista es que la productividad cualitativa del Congreso de la Unión deja mucho a deber.
Sin embargo, para 2017 el presupuesto del gasto público federal reserva más de 15 mil millones de pesos a las cámaras del Congreso. La de Diputados que, repetimos, tiene la última palabra en el reparto, se lleva inviablemente el 56 por ciento de esa partida. El Senado, algo así como 30 por ciento.
Lo que debe subrayarse de ese reparto, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Comisión de Vigilancia de San Lázaro, es la responsable de sancionar la rendición de cuentas, que es el factor toral de la transparencia y, en consecuencia, preventiva de la corrupción. Al organismo sólo se le deja el 15 por ciento del total.
En lo que sigue, no haremos el papel de cuentachiles: Diremos, sin embargo, que diputados y senadores se embuchacan al año un promedio de tres millones por cabeza. Nos parece descomunal, al lado de los 25 mil pesos anuales que alcanza un obrero o un empleado, si bien le va.
Los moches, institucionalizados
No obstante, los diputados se autoasignan un plus: La Comisión de Presupuesto les autoriza a cada uno, para 2017, 18 millones de pesos, con el cuento de gestoría, según esto de infraestructura para los municipios que forman su distrito electoral.
Ahí está el detalle: En la LXII Legislatura federal, fue piedra de escándalo la denuncia de algunos alcaldes en el sentido de que los diputados “gestores” les exigían una “comisión” (se le puso el bonito nombre de moche) de 10 y hasta más de 30 por ciento de la partida gestionada.
Con un agravante: Esos diputados “gestores” se apropiaron de la facultad de decidir a los contratistas para obras y servicios favorecidos, de cuyas empresas son socios. Si no lo eran o lo son, a los contratistas recomendados se les exigía una comisión adicional.
De pequeñas magnitudes se forma una gran magnitud. Ésta se expresa en la galopante corrupción que tiene a México hundido en la postración y en la indignación, en última instancia, ésta estéril. No se vale.