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Ley de Disciplina Financiera

Ley de Disciplina Financiera

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

 

Existe la ilusa creencia de que más leyes son igual a más control, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública.

Por lo menos en México, está probado científicamente que no ocurre así. El régimen jurídico mexicano está atiborrado de discos duros con decretos y más decretos que sirven para maldita la cosa.

Hay en ese fenómeno un dato duro: El legislador, por supuesto, legisla. (De por sí, el que hace la ley hace la trampa). Pero esas legislaciones se sedimentan al llegar al Ejecutivo.

En algunas disciplinas públicas, el proceso de desregulación (en materia de inversiones, contratos, concesiones, etcétera) queda a cargo de la discrecionalidad administrativa, en manos de la burocracia. Y todo se hunde en la rémora.

Viene a tema el asunto, porque se ha cumplido un año de la puesta en vigencia de la Ley de Disciplina Financiera, cuya normatividad es extensiva a los gobiernos de los estados.

En estas horas, la calificadora financiera internacional Moody’s ha tratado la cuestión de esa ley, y sugiere que los problemas de la deuda de los estados se matizarán o atemperarán si las administraciones estatales entran en la horma.

El capítulo mexicano de aquella agencia ha puesto en alerta a los estados de Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit y San Luis Potosí que, si cumplen con la ley, tendrán que contratar nuevos débitos sólo a corto plazo o, de plano, dejar de pagar a los proveedores.

Los primeros tres estados listados, cargan con el muerto que les dejaron recientemente los gobernadores salientes. Nayarit está a un mes de cambiar gobernador.

Una cuestión pesa sobre el excesivo endeudamiento de los estados. Los estados deben pasar por los filtros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habida cuenta que buena parte de la deuda está girada con cargo a las participaciones federales.

En la revisión de las Cuentas Públicas del gasto federal, extensiva a las finanzas de los estados,  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados ha descubierto que algunos gobernadores reportan a Hacienda sus balances contables, que ipso facto son modificados y desvirtuados para mantener abiertas las tesorerías de la banca comercial.

Además, existen evidencias de que las participaciones federales no fueron aplicadas a los fines etiquetados. Fueron desviadas. En proyectos de contingencia, a entes contratistas de amigochos o a aquellos en los que los mandatarios tienen interés accionario.

Los torcidos caminos del burococo 

Son  esos métodos de franca simulación solapados por los congresos estatales y legitimados a su vez por los órganos de fiscalización estatales, cuyos titulares deben su nombramiento al gobernador en turno.

El otro enfoque, es el siguiente: Algunas administraciones estatales dejaron técnicamente hipotecadas las futuras participaciones federales y con las manos atadas a las subsiguientes.

Fue así, porque los responsables en turno de la Unidad de Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas (Hacienda), fueron -no gratuitamente- complacientes con algunos gobernadores favoritos,  que dispusieron a su antojo de adelantos de aquellas participaciones federales.

A mayor abundamiento, algunos gobiernos de los estados han contratado servicios de ingeniería fiscal con ex funcionarios de Hacienda que montaron despachos de asesoría privados. Es obvio, que aquí se da el tráfico de influencias para mantener artificialmente a  flote tesorerías estatales quebradas.

De suerte que, la abundancia de leyes, reglamentos, normas, reglas de operación y toda la zarandaja de entresijos burocráticos, no son garantía de que algunas las finanzas estatales recobren su solvencia.

La deuda de los estados rebasa ya la línea de los 600 mil millones de pesos. Si hay complicidad e impunidad, como las hay, ese es el cuento de nunca acabar.


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