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Militarización del Estado de México

Militarización del Estado de México

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Han transcurrido ya más de 46 meses de que la angustiada sociedad civil  pudo lanzar un suspiro de relativo alivio cuando el 1 de diciembre de 2012 se le prometió Un México en paz como eje central del plan de gobierno 2012-2018.

Suspiro, dijimos, porque desde entonces la espiral de violencia que hasta 2006 estaba focalizada en algunos territorios específicos de México, se ha extendido a casi la totalidad de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, después de la declaración de guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado.

Frente al actual espectáculo de barbarie, hoy se confirma la certeza de las críticas que, al arrancar la guerra calderoniana, plantearon algunos especialistas en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas que advirtieron que, no habiendo un trabajo de Inteligencia previo, no podía sostenerse el supuesto de una estrategia razonablemente exitosa.

El punto de análisis más preocupante para esos expertos, que pusieron esa iniciativa – la Mérida- vis a vis con el Plan Colombia-, fue la decisión de embarcar en esa demencial empresa a las corporaciones militares en suplencia de los cuerpos civiles de Seguridad Pública.

Asistió la razón a los detractores de ese método de guerra contra el narco: La acción de las Fuerzas Armadas mexicana, particularmente la del Ejército, ha resultado en demérito del prestigio y del respeto de y a esas corporaciones, sometidas a una incesante auditoría de las comisiones de defensa y protección de los Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales.

El caso más emblemático y estridente de ese proceso de desgaste de la institución militar fue el de Tlatlaya, Estado de México.

Cómo se incubó el huevo de la serpiente

Con anterioridad, era del dominio público que el territorio mexiquense se había vuelto coto de bandas del narcotráfico en fuga desde la ejecución de la Operación Cóndor en el triangulo dorado de la droga: Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Más recientemente, en el sexenio pasado, típico del efecto cucaracha, fueron ubicados al menos 13 municipios de Edomex como enclave, primero, de la Familia Michoacana y, más tarde, de Los caballeros templarios que cooptaron y sustituyeron a los cuerpos de Seguridad Pública municipales con la complacencia del gobierno estatal.

La morbosa consecuencia es que, según evaluaciones de 2016 del gabinete de Seguridad Nacional, ocho municipios mexiquenses, el de Ecatepec primero, aparecen en la lista de los 50 más violentos del país.

Ya desde el inicio de 2014, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Edomex lanzó un S.O.S al gobierno federal, reconociendo la incompetencia e impotencia de los cuerpos de Seguridad Pública de la entidad frente a la criminalidad creciente.

El planteamiento se atendió y se instalaron los primeros destacamentos militares en la entidad. Obviamente, sin los resultados deseables, según informan las estadísticas.

Ahora, la noticia -que no por positiva es más tranquilizante-, es que el gobierno federal resolvió desplazar hacia la entidad más de tres mil 500 activos del Ejército, la Armada de México y la Policía Federal, a los que se agregan otros 833 de un nuevo agrupamiento estatal, supuestamente mejor capacitados que los convencionales.

No es tranquilizante la nota, porque da cuenta de que se extiende la logística de militarización de la República, sin garantía de que cambie el estado de cosas, según consta en recientes hechos en que fue masacrada una partida militar en Sinaloa, cuya respuesta es la exacerbación de las operaciones represivas para dar con los responsables del atentado.

Particularmente en el Estado de México, la medida federal resulta ominosa. Hace apenas seis semanas se lanzó la convocatoria al proceso electoral de 2017, del que debe surgir un nuevo gobernador.

La militarización de Edomex no tiene la significación del control militar en estados como Michoacán y Guerrero, habida cuenta que la entidad ha sido tomada por los partidos políticos como teatro de la guerra electoral con miras a la sucesión presidencial de 2018. El propio gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas es beligerante por la candidatura del PRI rumbo a Los Pinos.

Si la movilización militar de 2014 en la entidad vecina no logró el fin esperado, ¿la de estos días lo logrará sin violentar la lucha democrática por el poder político? Esta es la gran cuestión.

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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