Sucesión presidencial 2018: La caja de Pandora

Sucesión presidencial 2018: La caja de Pandora

VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George

En las graves circunstancias de ingobernabilidad por las que atraviesan  anchas franjas del territorio nacional, donde gobiernos estatales y municipales son imputados de irresponsabilidad y corrupción, con ciertos tonos de tremendismo se insinúa la pregunta, ¿habrá condiciones propicias para la realización de elecciones generales en 2018?

Puesto que es mandato constitucional (artículo 41) la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante “elecciones libres, auténticas y periódicas”, los procesos de formación de los poderes públicos no pueden eludirse ni aplazarse a voluntad de la autoridad, salvo que eventualmente ocurriera un golpe de Estado.

Sin embargo, aquella pregunta con la que se abre este tema está en el presupuesto de análisis  de algunos politólogos que no ven cómo pueda sacarse el buey de la barranca en los escasos diez meses que restan para que el Instituto Nacional Electoral (INE) inicie los preparativos de las jornadas de 2018, que tienen como capítulo primordial la sucesión presidencial.

Ahora mismo se abre otra interrogante fantástica en la perspectiva de 2018: ¿Qué riesgos implica que la competencia por la Presidencia de México se dé sólo entre candidatos independientes?

 Un dato objetivo es que, hasta hoy, al menos dos mexicanos bregan ya por contender dentro de año y medio amparados en la figura legal de la candidatura independiente; un tercero deshoja la margarita. Más los que acumulen en los próximos meses.

¿Qué origina la segunda especulativa y espectacular cuestión planteada? Un inédito fenómeno que se da en las comisiones sancionadoras del propio INE.

No hay un solo partido nacional inocente

Mañana, la sesión de Consejo General del INE tendrá en la mesa una papa caliente. La colocará la Comisión de Fiscalización del instituto con base en la compulsa de  las cuentas ordinarias de 2015 de los nueve partidos con registro nacional, plagadas de anomalías y desorden, por las que dicho órgano fiscalizador propone multas sin precedente a los transgresores.

Se habla de las cuentas de 2015. Faltan los resultados de las auditorías al gasto de esos partidos en 2016, en que hubo procesos electorales en 14 entidades de la República.

De las elecciones de 2016, puede apuntarse que dos candidaturas a gobernador fueron canceladas por incumplir en tiempo y forma con el reporte de sus gastos de precampaña o campaña, si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha sanción. Casos similares se dieron con candidaturas a alcaldías que quedaron fuera de la jugada.

En el caso de los dictámenes que la Comisión de Fiscalización pone mañana a consideración del Consejo General, el dato que sobresale es que la propuesta de multas incrementa en 822 por ciento el monto de las sanciones respecto de 2014.

La revisión de cuentas abarcó 288 comités estatales de los partidos nacionales; 88 serían castigados con cargo a sus prerrogativas de ley. Eventualmente, quedarían sin recursos financieros, si no fuera porque la misma normatividad establece que sólo puede aplicarse  de inmediato 50 por ciento; la otra mitad aplicaría en 2017.

Eso, en el menos peor de los casos. Pero hay 23 en que dichos comités perdieron el registro en su demarcación.

La suma total de las multas propuestas a comités nacionales y estatales de los nueve partidos con registro nacional, es de 520 millones de pesos. Hay partidos nacionales ya sancionados que no acaban de amortizar el importe de multas anteriores.

Repetimos: El paquete que entra mañana en la orden del día corresponde a 2015; está pendiente 2016 y en 2017 estarían por sancionarse las transgresiones en los estados de México, Coahuila y Nayarit.

La Fepade tiene una historia anexa

No para ahí el asunto: La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República desahoga más de 300 denuncias sobre violaciones a la norma en 2016.

Otro enfoque de esa problemática, son las recientes y recurrentes denuncias entre partidos por lo que tipifican como actos anticipados de precampaña de algunos precandidatos presidenciales, en cuyo caso los litigios (por los que en caso extremo los acusadores piden cancelación de registro), han llegado a los plenos del Tribunal Electoral federal.

Lo que en última lectura informan y confirman esos continuos procedimientos sancionatorios, es la vocación transgresora de los partidos políticos nacionales que hacen del régimen electoral un sistema frágil y vulnerable, que no se compadece de la aspiración democrática de los mexicanos.

Certeza, legalidad, independencia, etcétera

Algo tienen que hacer, pero ya, los consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la sucesión presidencial de 2018 no se salga de madre.

No es nada extraordinario lo que se exige de esos consejeros y magistrados responsables de una función de Estado, como son las elecciones a puestos de elección  popular.

La Constitución mandata que esos funcionarios deben actuar bajo los siguientes principios rectores: Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Al rendir la protesta de su encargo, consejeros y magistrados juraron cumplir la Constitución. ¿Es mucho pedir que cumplan leal y eficazmente su juramento? 

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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