Voces del Periodista Diario

Tartufo legislador

VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.

“La gente virtuosa, rara vez se siente obligada a proclamar su propia virtud. El hecho mismo de que una disciplina se sienta obligada a anunciar una y otra vez su ‘incansable búsqueda’ de ‘la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad’ despierta la sospecha de que algo muy diferente se está haciendo”.

La oración anterior corresponde al académico estadunidense W. Michael Reisman, entre cuyas actividades participó en un Seminario sobre Delitos de Funcionarios, auspiciado por la Facultad de Stanton Wheeler, vinculada a la Universidad de Yale.

El texto trascrito forma parte del libro ¿Remedios contra la corrupción? (cohecho, cruzadas y reformas). Nos parece sugerente la consulta porque, en su investigación, Reisman pone el dedo en una infectada llaga: Los legisladores sólo reaccionan en determinadas circunstancias bajo la presión social que denuncia todo tipo de corruptelas públicas y privadas.

Entonces, dice el autor, para taparle el ojo al macho, los legisladores cubren el trámite lanzando al vapor ordenamientos que no son más que lex simulata. Esto es, leyes deliberadamente desdentadas, confusas y contradictorias, de difícil aplicación por los procuradores e impartidores de justicia.

Como la doncella “medio embarazada”

Vienen a ocasión esas consideraciones, habida cuenta que, después de escurrirle al bulto durante casi cuatro años, finalmente el Congreso de la Unión dio curso a las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Fuera de plazo constitucional, el Senado se abocó en periodo extraordinario a la revisión -no discusión en el pleno- del paquete legislativo correspondiente. Lo hizo, como lo ordenan los usos y costumbres, en altas horas de la madrugada, cuando la asamblea, vencida por la pachorra, no puede ni quiere leer los dictámenes que sus pastores les ordenan aprobar.

Desde que las comisiones senatoriales de dictamen le dieron largas al asunto en el periodo ordinario, las organizaciones de la sociedad civil sospecharon que el producto final sería un parto de los montes, que PRI y PVEM no quisieron exponer a los votantes del pasado 5 de junio por temor al voto de castigo. De nada les valió, a la luz de las cuentas electorales ya conocidas.

En efecto, así resultó: Los promotores de diversas iniciativas de combate a la corrupción, en una evaluación preliminar, concluyen que, ya de por si benigno contra los transgresores, el articulado de la iniciativas fue rasurado para continuar fomentando la impunidad.

La cuestión más obscena corrió a cargo de los partidos que se niegan a la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, con el obtuso argumento de que ese procedimiento atentaría contra la privacidad de los sujetos obligados, como si éstos no fueran responsables de la función pública y de la gestión de recursos dinerarios provenientes de los pagadores de impuestos.

No puede ser más desfachatado ese argumento, cuando el propio Congreso de la Unión alardea de haber sacado leyes de transparencia, en las que se obliga incluso a partidos políticos y sindicatos, por lo demás también con condicionamientos que las esterilizan ipso facto, dada la excepción otorgada a algunos funcionarios para ocultar información que es del interés del público.

Pronto veremos, en la clausura del periodo extraordinario y en la promulgación de esas leyes rabonas (lex simulata), que sus autores blasonarán su calidad de gente virtuosa que se siente obligada a proclamar su propia virtud. De nuevo triunfó Tartufo. Por eso estamos como estamos.

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