Tecnócratas tiraron el agua sucia con el niño adentro

Tecnócratas tiraron el agua sucia con el niño adentro

VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George

Cuando estrategas militares de El Pentágono de los Estados Unidos empezaron a diagnosticar al mexicano como Estado fallido, pocos dudan que el primer síntoma del análisis expresaba la situación de ingobernabilidad en el país.

Esa especie empezó a filtrarse cuando México transitaba la tercera década de neoliberalismo. En la cuarta que corre, la barbarie desafía al gobierno en sus tres órdenes.

Como los procesos políticos que amenazan la estabilidad nacional no son se dan por generación súbita ni espontánea, podemos ensayar una hipótesis periodística sobre la raíz de los fenómenos actuales.

El fin último del neoliberalismo a la mexicana, es desmontar las estructuras institucionales del viejo régimen, cuyo centro de gravedad era el Estado en su papel de interventor de la economía y de nivelador social.

Los tecnócratas tiraron el agua sucia con el niño adentro. El primer ensayo, en efecto, se enfocó al desmembramiento de las instituciones históricas del Estado; las socialmente compensatorias, las más agredidas.

Cuando los primeros ataques a la organización social (sindicalista y campesina) fueron asestados, los analistas sugirieron que el objetivo sería en esta etapa fortalecer el poder presidencial por encima del derecho ciudadano. Algunos constitucionalistas mexicanos lo establecieron así al revisar algunas leyes punitivas que han sentado plaza en México en los últimos años, incluyendo el antiterrorismo.

Un modo de usurpación de la función estatal

Pero de ese poder autocrático, derivó un fenómeno poco analizado en el que se empezó a engendrar la duplicación de mandos,  la ineficacia y la corrupción, a saber:

Las reformas constitucionales, por ejemplo, dieron al traste con la Ley Orgánica de la Federación por la que se norma la delegación de facultades y funciones del Poder Ejecutivo.

Ese punto se explica desde la siguiente óptica: El Estado fue funcional en tanto el jefe del Ejecutivo ejercía su poder administrativo al través de los secretarios encargados de despacho, considerados cabeza de sector. Del público, por supuesto.

Desde el enfoque político, el esquema funcionó a tal grado que, hasta 1994, del gabinete presidencial surgió en automático el sucesor en Los Pinos, lo que permitía relativa continuidad en los planes de gobierno.

Pero, paralelo a la implantación del modelo neoliberal, empezó a gestarse un macizo de estructuras que dispersaron atribuciones y responsabilidades del Estado.

Se configuró una suerte de gabinete paralelo que suplantó y en algunos casos usurpó el control de las funciones de Estado encargadas a los secretarios encargados de despacho, removibles a discreción del jefe del Ejecutivo.

Proliferaron como enfermizos hongos, órganos autónomos, comisiones,    institutos, tribunales, procuradurías, fiscalías especiales, fideicomisos etcétera, cuyos comisionados, consejeros, magistrados, fiscales y otras denominaciones burocráticas, a más de generar conflictos jurídicos y administrativos con los titulares de las secretarías del gabinete, su nombramiento o remoción tiene que ser sancionada por el Poder Legislativo o pasa por litigios amparados por la Ley del Servicio Civil de Carrera, en caso de suspensión o cese.

Durante un largo periodo, algunas de esas estructuras paralelas estuvieron a salvo del poder fiscalizador y sancionador  que, para el caso de los titulares la estructura propiamente gubernamental, ejerce la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados federal.

Se puede ilustrar ese proceso de descomposición con un ejemplo: Fideicomisos y fondos que administran recursos estatales, son en los que más frecuencia se encuentran actos de corrupción, para cuya prevención,  persecución y castigo todavía no se le encuentra la cuadratura al círculo. No se le encuentra, deliberadamente.

Gasto corriente, disparado exponencialmente

La corrupción es una consecuencia. Igual de grave es la otra: Para solventar el funcionamiento de ambas estructuras, el gasto corriente de la Federación se ha disparado exponencialmente, sacrificando el gasto en inversión productiva.

La pavorosa insolvencia de las finanzas públicas en la actual crisis, no se va a resolver con enclenques medidas de austeridad administrativa contra la que, por añadidura, una vez y otra también, se sublevan algunas trincheras burocráticas. Verbigracia: El Poder Judicial de la Federación y algunos segmentos del propio Poder Legislativo.

Contra la corrupción se percibe un alto grado de impotencia (derivada de la complicidad y de la impunidad). Si se quieren encontrar los signos del Estado fallido, por ahí debiéramos empezar el análisis. Si se tratara de rectificar, aún es tiempo. Si, de veras,  hay voluntad política. Vale.


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