Aristegui vs Joaquín Vargas, ¿Empate técnico?

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

Es un modo de preguntar si, en materia de Libertad de Expresión, se valen el garrote y la zanahoria.

Desde mediados de la semana pasada, algunos columnistas que han participado en el linchamiento mediático de la colega Carmen Aristegui, recibieron la filtración de la sentencia emitida en el litigio derivado de la publicación de  la investigación periodística sobre La Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Los agresivos comentarios sobre el tema, se centraron en el aspecto de la sentencia que obliga a Aristegui a integrar en sucesivas ediciones de dicha investigación periodística el contenido correspondiente al dictado del juzgador de la causa.

Se omite deliberadamente, en esos hostiles comentarios, que el mismo juez absolvió a Aristegui y a la casa editora de la obra, Penguin Random House, del pago de indemnización reclamado por el presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo por supuesto daño “a la personalidad, el honor y el prestigio” del concesionario estatal.

El propio Vargas Guajardo se apresuró a  pagar desplegados periodísticos para reproducir lo medular de la sentencia.

La cuestión va más allá del “honor” del concesionario de medios electrónicos, que son bienes públicos, y el amago al patrimonio de la periodista, cesada en la cadena MVS.

Lo que está de por medio es el ejercicio de la Libertad de Expresión. En los tiempos recientes, se han vuelto cada vez más frecuentes las acciones de personajes de la vida pública que están interponiendo recursos judiciales contra periodistas por la publicación de sus andanzas licenciosas, que chocan de cierto con todo sentido de la ética.

Seguimos expuestos a la ley de Plata o plomo

De “honor” puesto en entredicho, es el argumento que, en el dominio público, no pasa la prueba del ácido. Como sea, la última palabra la tienen los jueces de la causa.

En todo caso, el asunto de Aristegui tiene aún activa la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la Litis tiene como actor al Estado mexicano, imputado de “obstrucción de la justicia”.

En el contexto de esa problemática, cuyo centro de gravedad es el Derecho a la Información, sigue prevaleciendo la impunidad en cientos de casos denunciados de asesinatos, desapariciones y expulsión de sus entidades de origen y ejercicio de la profesión de otros tantos comunicadores expuestos indefensos a la ley de Plata o plomo.

En ese marco, lo que está en cuestión es si el Estado tiene o no voluntad política para respetar y hacer respetar el régimen de derechos políticos y libertades civiles que consagra la Constitución. Es cuanto.

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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