EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
Para alguien que viene de tiempos muy idos, cuando en la escuela primaria se impartían clases de civismo, siempre resulta harto gratificante saber que alguien tiene preocupación por la Ética, con mayúscula.
De entre los Poderes de la Unión, a la luz de las conductas públicas de esta hora, nada se puede esperar del Ejecutivo y el Legislativo.
Pero hablar del Poder Judicial de la Federación (PJF) es muy otra cosa. Sus integrantes no son “químicamente puros” -al fin humanos- pero estudios sobre Cultura democrática en México revelan que los jueces son de los pocos servidores del Estado en los que la gente tiene confianza.
El Máximo Tribunal del PJF, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene rango de Tribunal Constitucional. Para ocupar uno los once sitios de esa instancia jurisdiccional, se exige “gozar de buena reputación”, imperativo que está relacionado con la fama pública.
El PJF se dio en agosto de 2004 un Código de Ética en el que se habla no sólo de principios y valores, sino de virtudes.
Dicho Código nombra el Patriotismo: El juez “tributa al Estado Mexicano el honor y servicios debidos, defendiendo el conjunto de valores que, como juzgador federal del Estado Mexicano, representa”.
Lo mejor, desde nuestro modesto punto de vista, está en el precepto Compromiso Social.
En este punto se dice que el servidor judicial, “tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezcan será el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto”.
Iniquidad, contrario a la equidad
Para entendernos, la iniquidad, según nuestra Madre Academia, es contraria a la equidad. Aquí es donde empieza a asaltarnos la duda.
Si dejamos de lado nuestra historia, en la actualidad la mayoría de los mexicanos, desde el punto de vista socioeconómico, es víctima de una brutal iniquidad como producto del modelo neoliberal.
Por ejemplo, ahora mismo existen en México unos ocho millones de compatriotas, muchos de ellos jefes de familia, que subsisten con un salario mínimo diario de unos 70 pesos; pero según, encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay cientos de miles de mexicanos ocupados que no reciben remuneración alguna.
En cambio, por lo que se conoce del proyecto de gasto público federal para 2017, se asigna al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un ingreso anual cercano a los siete millones de pesos.
Se sabe más, según recientes revelaciones del diario La Jornada: Que el PJF no reintegra a la Tesorería de la Federación recursos presupuestales no ejercidos.
Con esos recursos públicos no ejercidos, según investigaciones del diario, se han constituido fideicomisos para asegurar a los funcionarios del PJF, a la hora de su retiro, una vejez digna, que tendría como soportes una pensión mensual a los ministros de 121 mil pesos y a los magistrados 115 mil pesos, además de un aguinaldo de tres meses.
Para ilustrar la ecuación, el salario mínimo de un obrero mexicano es de unos dos mil 200 pesos al mes. Si está afiliado a alguna administradora de fondos para el retiro, según estudios actuariales, a la hora de su jubilación sólo alcanzará de pensión un 30 por ciento del último salario computado. Esto es, cuando mucho unos 700 pesos mensuales.
Sí, hay mucho de qué hablar sobre los Códigos de Ética y las iniquidades. Pero resulta un tanto subversivo. No por lo que se hable, sino por lo que se hace. Es cuanto.