EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
Esta narrativa tiene un centro, dos vertientes y un final incierto. El centro se llama El Dorado, cuya sola mención avivó la codicia de los conquistadores de América; primero los españoles.
Una vertiente, es la vocación desnacionalizadora de la actual burocracia tecnocrática. La segunda, la exacerbación del colonialismo interno de que dimos cuenta en una entrega del pasado fin de semana, cuyos gestores se gratifican con el brutal despojo a los pueblos originarios.
Cuando la Corona española, encantada con los alucinantes obsequios que le hacían llegar los primeros expedicionarios, tomó a título de fe el asunto de El Dorado. Algunos cronistas lo describen como leyenda. A la luz del siglo XXI veremos que no.
Hacia 1528 levó anclas desde Cuba hacia Las Floridas, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Naufragó en su itinerario. Al hacer tierra, por ahí apareció El negro Estebanillo. Le contó la historia de Las siete ciudades de Cíbola y Quiviría rebosantes de oro. Allá fue don Alvar.
Pero, en 1534, la Real Audiencia de Santo Domingo remitió a la casa real un reporte en el que informaba que El Dorado tiene su morada en Perú. De Perú tenemos noticias “de palpitante actualidad”.
Cambio de página para navegar la primera vertiente citada en el segundo párrafo por el siguiente itinerario.
El usurpador Carlos Salinas de Gortari acometió la contrarreforma agraria en 1992 (artículo 27 constitucional), para exponer a terceros la propiedad social de la tierra en manos de ejidatarios y comuneros mexicanos.
Lo que se le olvidó “transformar” al Pacto por México
Sobre la retacería de la Constitución maquinada por el fáctico Pacto por México, permanece vigente sin embargo la siguiente cláusula (VII) del artículo 27: Se reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra (…) la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Leerlo otra vez, porque la tecnoburocracia peñista no lo hace.
Segunda vertiente: Desde la inauguración del Estado neoliberal en los años ochenta, los presidentes que han sido se han se han ocupado en crear una estructura administrativa federal paralela a la que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), duplicando o dispersando facultades, no precisamente a tontas y a locas, sino con fines depredadores premeditados.
En materia de gestión de la tierra (dominio de la Nación, dice el texto constitucional), esa política estuvo en manos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
Desde la fundación en 1939 del Partido Acción Nacional (PAN), el leitmotiv de su “brega de eternidad” fue atacar la obra de Lázaro Cárdenas del Río, especialmente su misión agrarista, con el ánimo de revertirla.
Entre las concesiones que en 1988 pactó Salinas de Gortari en su alianza estratégica con el PAN, se inscribió la contrarreforma agraria.
Cumplidos los deseos de Felipe Calderón
El 8 de septiembre de 2009, so capa de la austeridad, el presidente panista Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa introdujo al Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer la Secretaría de Reforma Agraria.
Para entonces, Calderón Hinojosa ya había afectado millones de hectáreas rurales para cederlas a título de concesión a los corporativos mineros, preferentemente a las trasnacionales extranjeras (que ahora también las hay “mexicanas”).
Aquella iniciativa de 2009 de Calderón Hinojosa quedó temporalmente “en sueños”. En 2013, el fáctico Pacto por México de Enrique Peña Nieto se encargó de cumplir el deseo del michoacano, desapareció la SRA y apareció en su lugar la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actualmente en manos de la ex presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 bajo inspiración cardenista.
Entre las primeras siete funciones básicas que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (salvo que se haya modificado de facto) asigna a la Secretaría de Economía, no aparece explícitamente la de conducir la política agraria.
En el mero Corazón de tinieblas
Acaso basado en una reglamentación terciaria, el titular de Economía Ildefonso Guajardo dictó una declaratoria (título 237861) para un proyecto cuya denominación habla por si sola: Corazón de tinieblas.
La declaratoria de Ildefonso Guajardo se apropia de 59 mil hectáreas pertenecientes a las comunidades indígenas de Guerrero: Totomixtlaoaca, Tenamazapa, San Miguel del Progreso, Tierra Colorada, Acatepec, Tilapa y Pascal del Oro. A propósito de este mineral, hace tres años se reveló que en Guerrero se descubrió el yacimiento más grande del mundo. Y aquí ubicamos a los peruanos, en cuyo territorio la historia cuenta que se hallaba El Dorado.
La declaratoria de despojo de Ildefonso Guajardo obsequia aquellas tierras a la minera Hochschild, escriturada en Perú, pero de capital británico antes del Bretix.
En la entrega a la que hicimos referencia párrafos atrás, consignamos que los pueblos zoques de Chiapas se declararon en resistencia por un despojo similar, sin cumplir con el imperativo de consulta previa a los afectados (simulada por autoridades sobornadas).
Jueza de Distrito: Rara avis
Pues bien, entre las comunidades guerrerenses citadas, está la de me’phaa San Miguel del Progreso Juba Wajiín. Desde sus hondas raíces históricas, los comuneros no se pusieron a lamerse las llagas. Asesorados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, supieron que la ley existe y está para cumplirse.
No todos los togados judiciales están para cumplir con el Derecho Indígena. Pero una rara avis,la jueza de distrito, Estela Platero (que también evoca un mineral) Salado, con despacho en Chilpancigo, otorgó amparo a la comunidad de San Miguel por el que se garantizan los derechos colectivos de la población contra la declaratoria de Ildefonso Guajardo, a cuyo “juicio” aquellos son terrenos libres para el postor que soborne mejor.
Por esa resolución de Platero Saldo, declara el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no impugnando la sentencia. De hacerlo, redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria”, que denunció la declaratoria de Ildefonso Guajardo.
Pongamos el optimismo entre corchetes: Una golondrina no hace verano: “Se atenta” contra una trasnacional de capital británico y recuérdese: México es súbdito del Derecho Corporativo Global. ¿Quién puede contra este arrogante Leviatán? Es cuanto.