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Donde lloran está al muerto

Donde lloran está al muerto </span></p>

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

Hacia los altos-norte del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, son ostentosamente visibles tres bunkers-residenciales: Condado de Sayavedra, Puerta de Hierro y Valle Esmeralda.

Los vendedores de lujo, exclusividad y privacidad en esos selectos fraccionamientos, cotizan la unidad residencial entre 800 mil y hasta tres millones de dólares, cuya plusvalía se ajusta o se dispara conforme las adaptaciones y añadidos al gusto y la necesidad de sus propietarios residentes.

La promoción de ventas va acompañada con una recomendación: La contratación y escrituración pueden hacerse a nombre de terceras personas o de una persona moral; sea ésta una saciedad anónima y hasta una asociación civil.

Es fama pública que, por su poder adquisitivo, los privilegios del derecho residencial en esos paraísos de tentación, sólo pueden ser compartidos por altos mandos del crimen organizado y, aunque parezca pleonasmo, por encumbrados personajes de la política nacional.

Inofensivos visitantes que carecen de códigos de identificación digital permanente de ingreso a esos bellos parajes, son sometidos a humillantes cacheos, verificación de credenciales con rayos laser y hasta examen de iris ocular, antes de que les sea autorizado el acceso.

Uno podría pensar que el veracruzano fugitivo Javier Duarte de Ochoa podría haber escogido ahí su escondite, y ni quien se dé por enterado.

Don Neto goza de una vejez digna

La marca Puerta de Hierro corresponde a una cadena que tiene ofertas en desarrollos residenciales en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Puebla y otras.

En 2010, en el área residencial de la Angelópolis (Puebla), en operativo especial activos de la Marina Armada de México capturaron al capo Enrique Sergio El Grande Villarreal Barragán, uno de los jefes del Cártel Pacífico Sur.

Antes, había trascendido que El Grande se la tenía cantada a Edgar La Barbie Valdez Villarreal, también conspicuo personaje del narco. Por los mismos meses, La Barbie se entregó a las autoridades federales que tenían bajo vigilancia las zonas residenciales antes descritas, donde éste solía pernoctar.

Hace unos meses, el sinaloense Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, confinado en el penal de Puente Grande, Jalisco, volvió a los primeros planos mediáticos al obtener en suspensión de amparo, en razón de su edad, el beneficio de prisión domiciliaria.

La ruta de traslado de Jalisco al Estado de México, llevó a Don Neto al citado Condado de Sayavedra, Atizapán de Zaragoza. Tiene autorización de servicio habla telefónica y visita familiar, sujetas a monitoreo digital.

Penal de Almoloya: ¿Empresa   o maldición?

El Estado de México es una referencia obligada en la narrativa del narco. Lo es, por una causa elemental: Al ponerse en servicio el Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez (hoy conocido como de El Altiplano), ahí han sido recluidos los principales jefes de los cárteles, tanto del Pacífico como del Golfo.

A partir de entonces, varias ciudades de dicho estado empezaron a poblarse con las familias de los reclusos, sus socios y abogados foráneos que abrieron en la entidad despachos alternos. Nuevos instalaciones hoteleras y servicios restauranteros en la propia capital del estado tienen olor a detergente: Los capitales quedaron bien esterilizados.

En Almoloya de Juárez, obvia es la leyenda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Todo empieza por el principio

Pero la historia del último medio siglo de Atizapán de Zaragoza se escribe aparte.

Podría datarse esa peculiar historia desde que el profesor mexiquense Carlos Hank González, en su escala política ascendente, llegó en los años sesenta a la dirección general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Consasupo).

El “profesor de la eterna sonrisa” volvió célebre la frase: Un político pobre, es un pobre político.

Estando la Conasupo a cargo de la política granelera para el abasto de alimentos, el noroeste fue prioridad en la gestión de Hank González. Eran los años en que gobernaba Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis.

En esa década, en que el narcotráfico aún no alcanzaba el rango de problema de Seguridad Nacional, los titulares de la Procuraduría General de la República, Antonio Rocha Cordero y Julio Sánchez Vargas, sucesivamente, tuvieron poco qué ver en su combate directo.

El Ejército tenía destacamentadas, sobre todo en los altos de Sinaloa y límites con Durango, algunas partidas volantes que se aplicaban sobre todo a la detección y destrucción de plantíos de amapola y aleatoriamente de mariguana.

Fueron elementos de la Séptima Región Militar con sede en Mazatlán los que atendieron algunas denuncias de campesinos  en el sentido de que en Los silos del pueblo -donde se acopiaban cosechas de granos adquiridas por Conasupo- podría estarse almacenando mariguana e incluso operando algunos laboratorios para el procesado de goma de opio.

En el sexenio siguiente, en Culiacán empezó a tomarse conciencia de la gravedad que había alcanzado esa actividad, y nota  sobre el involucramiento de prominentes empresarios nativos en la participación y gestión de los excedentes monetarios.

La conexión San Jerónimo-Atizapán

Para entonces, el profesor Hank González se enfilaba ya hacia Palacio de Gobierno en Toluca. Al instalarse en el arranque de los 70, la sorpresa de los sinaloenses la provocó la aparición de Leopoldo Sánchez Celis en una comisión creada ex profeso para el desarrollo agropecuario del estado.

El procurador general de la República era ya Pedro Ojeda Paullada. Fue corresponsable de la Operación Cóndor encomendada al Ejército, con la que se inició el éxodo de los principales narcos sinaloenses.

Una de las operaciones punitivas fuera de Sinaloa más publicitadas, fue la confiada a la Policía Judicial Federal y ejecutada en Atizapán de Zaragoza, en la que se aprehendieron al menos seis individuos relacionados con la “familia” Barbosa-Félix, que habían  cambiado su residencia del norte de Sinaloa al fundo municipal de esa localidad.

Empezó entonces a hablarse en corrillos político-policiacos del corredor San Jerónimo-Atizapán, en alusión al domicilio privado de Sánchez Celis en los pedregales de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y la ciudad de acogida de los prófugos sinaloenses fugitivos.

Al terminar su sexenio, Hank González fue convocado por el presidente José López Portillo a hacerse cargo de la Regencia del Distrito Federal. En su equipo cercano, tuvo a Sánchez Celis y en la Delegación Política de Coyoacán, a su hijo Leopoldo Sánchez Duarte.

Fue el sexenio en que desde el establo del mexiquense se diseñó la estrategia 82 para el 82: La reforma del artículo constitucional con ese numeral para la candidatura presidencial sucesoria de López Portillo. El origen alemán de Hank lo inhabilitaba para su aspiración.

Los municipios mexiquenses azules

Para finales de los noventa, era un secreto a voces que Atizapán era el eje de un corredor aéreo con terminal en Matamoros y otras plazas fronterizas de Tamaulipas. Una polvosa pista de aterrizaje había sido habilitada con pavimento especial para despegues y aterrizajes de naves de mediano caballaje e instrumental de operación nocturna.

En 2002, fue ejecutada a balazos la joven regidora panista María de los Ángeles Tamez Pérez, al ser descubierta cuando preparaba un memorial dirigido al gobernador Arturo Rojas Montiel denunciando la corrupción y el incremento de la actividad narca.

El alcalde militante del PAN, José Antonio Domínguez Zambrano, fue denunciado e indiciado por ese crimen; resultó exonerado, después de tres años de prisión, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que obedece línea del ejecutivo estatal.

En octubre de 2007, en el aeropuerto de Atizapán fue ejecutado el ex presidente municipal panista de Tultitlán, Estado de México, José Antonio Ríos Granados, mejor conocido como el “alcalde actor”.

La primera versión acreditó una línea de investigación en el sentido de que, antes de despegar, el avión de su propiedad fue sacudido por la explosión de una bomba. Técnica de alta escuela mafiosa.

En el recorrido de esta narrativa, causó estado la hipótesis de que la implantación de la “mancha azul” en los municipios conurbados del Distrito Federal -Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán y los Cuatitlanes- fue favorecida con los recursos del narco metidos a las campaña electorales.

La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios

Ya entre los mandatos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, el propio gabinete de Seguridad Nacional circuló un análisis en el que informó que al menos entre 13 y 17 municipios mexiquenses habían  caído bajo el control de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, cuyos activos se encargaban incluso de tareas de seguridad pública.

Los comandos michoacanos extendieron la frontera de su estado hasta los límites de Hidalgo, pasando sobre territorio mexiquense, pues su guerra era contra Los Zetas, que ya habían  tomado plazas en esta entidad.                              

Tiene sentido esta recapitulación, ahora que se ha puesto a caballo el relevo de Ávila Villegas en la gubernatura del estado (el PRI tiene 88 años gobernando la entidad), pero lo tiene mayormente, cuando todos los análisis coinciden en que, en el Estado de México, se juega la sucesión presidencial de 2018. Es cuanto.


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