EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

 

 

 

Por faltas que  hoy no viene al caso discernir, Sísifo fue remitido a Los  Infiernos. Su condena consistió en subir una enorme roca a la cima. Ipso facto,  la roca se despeñaba. Sísifo tenía que repetir incesantemente la tarea a la que fue condenado.

Así es el oficio periodístico, sobre todo si se practica día a día. Hace diez años, al panista Felipe Calderón Hinojosa se le ocurrió comandar su propia guerra. Sobre la marcha, solía declarar: La vamos ganando, aunque no lo parezca.

A finales del mandato del michoacano ya se hablaba de que lo “que faltaba”, era reconstruir el tejido social. Obviamente, el tal tejido había sido destruido.

En el actual sexenio no se ha encontrado a la tejedora idónea para que cumpla esa restauradora    obra. El baño de sangre continúa sin distingos de edad, creencias, posición social o sexo.

Es hora de recordar a Beroltl Brecht: Primero se llevaron a los comunistas/ pero a mi no me importó/ porque yo no era/ Enseguida se llevaron a unos obreros/ pero a mi no me importó/ porque yo tampoco era/ Después detuvieron a los sindicalistas/ pero a mí no me importó/ porque yo no era sindicalista/ Luego apresaron a unos curas/ pero como yo no son religioso/ tampoco me importó/ Ahora me llevan a mi/ pero ya es demasiado tarde.

El bebé de Rosemary

Eso ocurre, cuando se acepta pasiva y negligentemente  que la ley de la selva sustituya al Derecho, porque se piensa que los ejecutores de esa “ley” nunca se fijarán en “nosotros”. ¡Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre!

A propósito de una reforma constitucional -para penalizar la delincuencia organizada-, hace algunos recientes años el constitucionalista mexicano Sergio García Ramírez describió ese producto legislativo como El bebé de Rosemary para denunciar su monstruosidad jurídica.

Lo que subrayamos de aquella exposición del doctor García Ramírez -para más señas ex  juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, es su convicción de que aquel tipo de legislaciones termina por empoderar al Estado en detrimento del ciudadano.

Es absolutamente comprobable que muchas de las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias procesadas y promulgadas durante el periodo neoliberal, se caracterizan por una paradoja: Se dan facultades metaconstitucionales (Jorge Carpizo dixit) a la Presidencia imperial, conculcando las atribuciones de las instituciones custodias de los derechos de la sociedad civil. Y a eso le llaman democracia.

El pisoteo al artículo 29 constitucional

Felipe Calderón impuso su guerra, pisoteando el artículo 29 de la Constitución que señala las causas graves por las que el Presidente –con la aprobación del Congreso– puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a dicha situación de gravedad.

Lo hará el Presidente “por un tiempo limitado”, dice dicho artículo. ¿Cuáles son los límites de ese tiempo? Por lo visto, son infinitos.

Por estos días, está en el Congreso de la Unión una iniciativa para certificar la facultad presidencial de declarar el Estado de excepción.

El instinto represor de Calderón lo empujó incluso a iniciar reformas a los códigos penales, al extremo de tipificar como delito de terrorismo la resistencia social a actos de autoridad.

En este sexenio se legisló como terrorismo actos relacionados con la gestión de los hidrocarburos. Curiosa manera de entender el Derecho. Cuando investigaciones periodísticas han dado cuenta del saqueo de la renta petrolera, son los periodistas que han denunciado esos punibles hechos los  sometidos a proceso judicial, no así sus perpetradores.

El santo y seña de la reorientación del discurso público en México, es el monopolio legítimo de la fuerza del Estado. ¿Qué tal si lo adobamos con el clásico: ¡El Estado soy yo?

Legislar con las tres agravantes

Lo que queremos decir con las pálidas estampas anteriores, es que, si el proceso de formación de leyes está concebido para empoderar al Estado a expensas del derecho ciudadano, en esa perversa obra -como en la transgresión al artículo 29 constitucional comentada-, las cámaras del Poder Legislativo federal han actuado con las tres agravantes: Premeditación, alevosía y ventaja.

Ilustremos esa afirmación: Los tres partidos operadores del fáctico Pacto por México: PRI, PAN y PRD violentaron sistemáticamente los procedimientos legislativos para reformar la Constitución y aprobar las leyes secundarias correspondientes. Entre ellas la contrarreforma petrolera.

Entre las legislaturas LXII y LXIII federales, las votaciones mayoriteadas por las bancadas dominantes se consumaron con prohibición expresa del debate. No sólo: Más de dos mil “reservas”, como se codifica ahora a las impugnaciones a los dictámenes, fueron desechadas en muchos casos sin que a los objetores se les permitiera el uso de la tribuna.

El caso más escandaloso lo documentan las jornadas, aun inconclusas, para instituir el Sistema Nacional Anticorrupción. No existe aún el Fiscal respectivo, atorado en la Cámara alta.

Reforma a la Ley General de Víctimas

Vamos al quid de este tema: A mediados de julio pasado, el propio jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, reconoció las insuficiencias de la Ley General de Víctimas. Habló el oráculo y los pastores del Senado y de la Cámara de Diputados actuaron en consecuencia.

En octubre, en el Senado, las comisiones de dictamen, de Gobernación (PRI), de Derechos Humanos (PRD), Justicia (PAN) y Estudios Legislativos (PRI) dieron a conocer los borradores del dictamen correspondiente.

A principios de noviembre, los dictámenes se bajaron al pleno. No se escucharon las impugnaciones de bancadas disidentes.

¿Empoderar al Estado? No: Empoderar al Gobierno. El movimiento civil fue el gestor de la Ley General de Víctimas como el movimiento civil desde los años ochenta fue promotor de la legislación de protección y defensa de los Derechos Humanos.

Como en los años noventa la iniciativa defensora de los Derechos Humanos fue expropiada a la sociedad civil, en 2016 la protección de víctimas fue expropiada a sus impulsores ciudadanos.

Los partidos dictaminadores de la reforma a la Ley General de Víctimas (PRI, PAN y PRD) decidieron que el Presidente tendría facultades para nombrar  un Comisionado Ejecutivo en la materia.

Adicionalmente -obvio-, el Presidente decidiría, además de nombrar al Comisionado Ejecutivo, la formación de una Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas; junta a cargo de los secretarios de Gobernación,  Hacienda, Educación y Salud, contra cuatro representantes de organizaciones civiles. Sería paritaria, si no fuera por la presencia del tal Comisionado Ejecutivo.

El punto a debate, es el control del organismo pro víctimas por la Secretaría de Gobernación, a la vez a cargo de la coordinación del Gabinete de Seguridad Nacional, que tanto ha dejado a deber en la pacificación del país.

Convertir a las víctimas en “asunto político”

Cuatro domesticadas comisiones senatoriales suplantaron la voz de la sociedad civil: 30 organizaciones no gubernamentales cuestionaron la reforma, reincidiendo en sus argumentos: La profunda crisis en materia de violencia, las violaciones a los derechos humanos y la revictimización de las víctimas.

Subrayamos una acusadora expresión de esas organizaciones objetoras: Convertir a las víctimas en un asunto político, no de Derechos Humanos. Con eso está dicho todo.

“Ahora vienen por mi. Pero ya es tarde”, retomamos la cita de Brecht.

Ayer, en el mismo recinto en que se aprobó la cuestionada reforma a la Ley General de Víctimas, con la frase  La Patria es primero presidiendo la escena, se montó un espectáculo mediático para denunciar airadamente la victimización de una senadora, cuya voz no se escuchó en la sesión plenaria en la que se aprobó el dictamen del que hemos hecho referencia.

Sea cual sea el resultado de la investigación sobre la agresión a la senadora y su sanción, lo que dejó evidente dicho espectáculo, es que hay de víctimas a víctimas: Lo grave es que, como lo denunciaron los de la sociedad civil, las víctimas sean tomadas como mero asunto político. Es cuanto.