La conspiración de los bellacos

La conspiración de los bellacos

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

El verde senador presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara alta, Pablo Escudero, es yerno del dirigente del PRI Manlio Fabio Beltrones Rivera. Con esto está dicho todo.

El 6 de junio, México se cimbró por un terremoto político, al saberse que el PRI y su canceroso quiste, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fueron los grandes perdedores electoralmente el día anterior.

El tercer dato que hay que saber, es que la mayoría de las iniciativas legislativas y sus dictámenes, sobre todo las relacionadas con la Justicia Penal, se procesan y se planchan en Los Pinos.

Dicha práctica se ejercita en el despacho de la asesoría jurídica de Enrique Peña Nieto.

Ese despacho está a cargo de Humberto Castillejos Cervantes, producto de la Universidad Iberoamericana. Para más señas, este abogado fue diputado local al Congreso del estado de México y asesor de los ex  procuradores panistas Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora.

No solo: Humberto es hijo del litigante Marcos Castillejos Escobar, quien se desempeñó como subprocurador de la Procuraduría General de la República y director de reclusorios del Distrito Federal. Muy cercano al célebre Genaro García Luna.

Marcos fue asesinado a balazos  en julio de 2010, presuntamente por un sicario al frente de su despacho privado en el bulevar Mazatlán, de la colonia Condesa.

En arca abierta, hasta el justo peca

La otra cuestión es que, tanto los coordinadores de las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados, así como la gran mayoría de los presidentes de comisiones de dictamen carecen de mandato directo de los votantes por haber llegado a esos órganos legislativos vía listas o representación proporcional que premia a los chalanes de las dirigencias de los partidos políticos.

Qué le vamos a hacer. Así funciona la democracia “representativa” en este México lindo y querido.

Si Pitágoras no se equivoca, 630 mil mexicanos que portan credencial de elector, son mil veces más ciudadanos que 628 legisladores federales. Con cifras menores a la primera, algunos sujetos ganaron el 5 de junio gobernaciones de varios estados.

Aquellos 630 mil mexicanos dieron voluntariamente sus firmas de apoyo a la llamada Ley 3de3 -declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés- que forma parte de las leyes para echar andar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Más de medio millón de mexicanos creyeron ilusamente que sus firmas, respaldadas con credencial de elector, valen de algo. En una primera instancia, esas rúbricas fueron arrojadas a los cestos de basura del recinto senatorial por no más de 100 legisladores tripulados por el PRI y el PVEM.

El 5 de junio, el PRI y su quiste fueron los grandes derrotados electoralmente.

En sórdidas jornadas de madrugada, a media semana los legisladores tricolores y verdes dieron, literalmente, un madruguete contra la sociedad mexicana.

La Ley 3de3, propuesta para que los servidores del Estado transparenten sus fortunas, fue revertida en contra de la iniciativa privada a fin de que sea ésta, y no los políticos, los que pasen por las horcas Caudinas. Lo había dicho el oráculo: No soy insensible ante el problema de la corrupción. No, pues sí.

El director del Instituto Mexicano de Competitividad, Juan Pardinas, de los impulsores de la iniciativa de marras, calificó de ¡Venganza! contra 630 mil mexicanos el proceder de los legisladores de las primeras minorías partidistas.

Recuerden, compatriotas, en arca abierta, hasta el justo peca. Sin penitencia alguna. ¡Vamos, México!

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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