Voces del Periodista Diario

Laguna Verde, ¿Chernobil en potencia?

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

Si bien es cierto que las concesiones mineras corren cargo del gobierno federa, resulta de suyo criminal la omisión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, frente al potencial riesgo de una conflagración nuclear que representa la operación a cielo abierto de la mina Caballo blanco a escasos tres kilómetros de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.

La concesión de esa mina fue autorizada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 a la canadiense trasnacional Gold Group, que empezó las excavaciones en 1998 en un área de casi 20 mil hectáreas.

Sólo hasta 2010, en respuesta a una denuncia ciudadana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitir la manifestación de impacto ambiental, exentando a la compañía de cumplir otras normas ambientales.

La denuncia sobre los riesgos de ese centro minero la ha sostenido sistemáticamente la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (AVIDA/ Anafa).

A punto de terminar su sexenio, Duarte de Ochoa se ha hecho de la vista gorda ante el inminente peligro derivado del incesante uso de explosivos para extraer mineral, que ocasionan continuos movimientos telúricos en los cerros de la Paila y La Cruz, clasificados por la autoridad en la materia como microsismos.

Recientemente, comunidades de los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan han replanteado su temor, recibiendo la callada por respuesta.

Pajaritos, ahí no ha pasado nada

No es casual la permanente inquietud e irritación de los habitantes de esa zona. Aunque distante, pero en el mismo estado de Veracruz, en el predio de Pajaritos, en planta petroquímica cedida a Antonio del Valle, en abril se produjo una mortal explosión que cobró víctimas humanas, devastación física y daños al medio ambiente.

Medio centenar de académicos de la Universidad de Veracruz conminó a principios de mayo a los tres niveles de gobierno a que se procediera a un peritaje independiente e interdisciplinario sobre las causas de la explosión, se considerara incluso la clausura de esa y otras instalaciones, y se fincaran responsabilidades a las empresas concesionarias.

Pasados los primeros días en que el Presidente mismo y miembros de su gabinete se volcaron en condolencias y promesas cautelares para evitar la repetición de la tragedia, todo transitó por el atajo de las buenas intenciones que pavimentan el camino al infierno.

Esa es la marca de la casa: En México todo pretende resolverse a salivazos. Que también son contaminantes.

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