EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
Si el presidente Enrique Peña Nieto -como lo denuncian familiares de víctimas asesinadas- no está brindando protección al tabasqueño gobernador amarillo de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, ¿cómo es que la procuradora general de la República, Arely Gómez ha arropado al ex procurador morelense Rodrigo Dorantes en la delegación general de la PGR en Durango?
Es cuestión de sentido común: Rodrigo Dorantes es implicado en el asunto de los cementerios clandestinos de Tetelcingo, Morelos, donde fueron inhumados entre 100 y 150 cadáveres de personas; algunas de las cuales, según dictámenes periciales, fueron sometidas a tortura y violencia grave. Otras fueron enterradas sin necropsia previa. Dos el menos con todo y vestido y calzado que portaban en el momento de su exterminio.
Descubiertos esos cementerios clandestinos de Tetelcingo, otras denuncias condujeron a los de Jojutla donde, de entrada, fueron localizados otros 39 cadáveres expuestos al mismo criminal tratamiento policial y forense.
Todo conduce a la responsabilidad directa del gobernador Ramírez Garrido Abreu -de quien Rodrigo Dorantes fue colaborador-, de acuerdo con acusaciones reafirmadas esta mañana en la Ciudad de México por representaciones de familiares de las víctimas, entre ellas el Frente Amplio Morelense, coordinado por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera.
Siempre a favor de los derechos humanos
Pero el gobernador Ramírez Garrido Abreu, hoy mismo, en lujoso hotel de la Ciudad de México, se autoproclamó “gente de izquierda… siempre a favor de los derechos humanos”.
Todo se trata, entonces, de una conjura en su contra: “Una confabulación”, dijo, “de fuerzas conservadoras de ataque político en contra de un gobierno progresista”. No, pues sí.
Puesto a detractar a sus acusadores, la blanca paloma tabasqueña declaró su respeto a la decisión del Congreso del Estado, para que se someta a auditoría a la UAEM a fin de buscar argumentos inculpatorios contra el rector Vera.
Ca-sual-men-te, entre los diputados locales de esa legislatura, la mayoría milita en el PRD, entre ellos Hortensia Figueroa, ex alcaldesas de Jojutla, donde se encontraron los 39 cadáveres enterrados clandestinamente.
No es sólo el rector Vera listado entre los confabulados. También el obispo católico de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien hace 15 días denunció públicamente los ataques del PRD -partido por el que Ramírez Garrido Abreu quiere ser candidato presidencial- por oponerse, dicen los amarillos, a los matrimonios igualitarios.
El obispo Castro Castro aclaró en su oportunidad que, a pedido del rector Vera y el poeta Javier Sicilia, escuchó a un centenar de familiares de víctimas de la violencia, la inseguridad y la ilegalidad en Morelos.
Ahí parece que a Graco le salió el ADN. Aunque ahora pretende ocultarlo, en sus mocedades políticas blasonaba sus lazos sanguíneos con el militar y gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal.
Garrido Canabal se convirtió en celebridad política nacional cuando durante su mandato fueron asesinados algunos religiosos católicos y decretó que sólo habría un sacerdote por cada 30 mil habitantes. Clausuró y quemó templos, dispuso el casamiento de dichos ministros y ¡ojo! prohibió el uso de la cruz en las tumbas.
En los cementerios clandestinos de Graco, obviamente, no había cruces. Ahora tampoco justicia. Es cuanto.