Entre el ruido y la furia que nos atrapan al calor del espectáculo Trump y la galopante violencia que sigue ensangrentando el país, casi se deja fuera de foco mediático un aspecto fundamental de la sucesión presidencial de 2018: La integración del cuerpo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque desde el momento mismo en que los consejeros del INE (once) son nombrados, se establecen los plazos fatales de terminación del periodo específico para el que esos funcionarios son designados, la Cámara de Diputados -con facultad exclusiva para ese procedimiento- actúa como si se enterara súbitamente de su obligación de relevarlos.
El INE debe acometer dentro de siete meses el proceso administrativo de preparación de las elecciones generales de 2018.
Sin embargo, no es la primera vez que la Cámara de Diputados -como lo ha hecho el Senado en el caso de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)-, transgrede la Constitución en la que los propios legisladores fijaron los plazos improrrogables del relevo de los consejeros antes del IFE, hoy INE.
22 aspirantes a formar parte de la casta dorada
Las causas de esa discrecional y aviesa conducta no son un secreto: Las designaciones a esos órganos electorales son expuestas al toma y daca en las juntas de coordinación política y las comisiones de procedimiento y dictamen para hacerse el reparto de posiciones de acuerdo con el sistema de cuotas acordado arbitrariamente por los jefes de las primeras minorías en el Congreso.
De lo que se trata, es de que cada partido representado ante el Poder Legislativo opera para tener anticipadamente votos amarrados tanto en el INE como en el Trife a la hora en que por esas instancias pasan las precampañas, las campañas y los resultados finales de cada contienda conforme los particulares intereses de cada formación política.
En la agenda de estos días de San Lázaro está el nombramiento de tres de los once consejeros electorales federales. Como suele ocurrir, dados los suculentos beneficios que generan esos encargos, a cada convocatoria acuden legiones de postulantes.
En esta ocasión no pudo ser de otra manera: Se dieron por inscritos 22 aspirantes. Siete por cada puesto. De los 22, la comisión correspondiente ha de elaborar tres listados que pasan por el filtro de la Junta de Coordinación Política que, a su vez, después de la comparecencia de examen de los seleccionados, designa una terna para cada sillón. Son los nombres que surgen de estas ternas, las que debe bajar al pleno.
Por supuesto, ese procedimiento no es apto para el público. Es objeto de un oficio de tinieblas en el que, en lo oscurito, los coordinadores de bancada se reparten la nómina.
Resulta obvio que el PRI, que mangonea actualmente la Junta de Coordinación Política, no está dispuesto a ceder terreno. En la actual composición del cuerpo de consejeros del INE, según se ha hecho del dominio público, tiene seguros cuatro de los once votos.
Si en las elecciones federales intermedias ese es un hándicap, en tratándose de la sucesión presidencial, con esa ventaja cuantitativa se tiene la mitad del camino recorrido.
A distancia de las selectivas encerronas en San Lázaro, están los casi 89 millones de mexicanos que serán convocados a emitir su voto en 2018. ¡Qué le vamos a hacer! Así es la democracia “representativa”. Es cuanto.