EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
Noviembre -en nuestro santoral religioso- da cuenta del culto la muerte. De nuestro santoral republicano puede dejarse en blanco el 20 de noviembre: La Revolución mexicana también ha sido asesinada. Su cadáver yace en una fosa común.
Las buenas conciencias mexicanas han tenido en lo que va del mes mucho de nostalgia y luto por seres que exhalaron su último suspiro. Pero la noble liturgia familiar ha sido violentada por el cínico espectáculo montado por el grupo dominante y los partidos políticos que lo aúpan.
Los inmundos sepulcros blanqueados
El cronista de estos nublados y aciagos días podría ser el bíblico Mateo: “¡Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos e inmundicia!”. ¡Órale!
La tecnocrática y neoliberal gerencia de los sepulcros blanqueados, es democrática: No hace, para nada, discriminación alguna. Cabe en un solo costal la partidocracia completa y en el mismo puede meterse a los poderes constitucionales y fácticos.
En un monitoreo de los seis años más recientes, algunos investigadores encuentran que, de los gastos público federal y de los estados, un alto porcentaje se ha destinado a publicidad de promoción personal de los hombres que detentan el poder político.
Ese monstruoso gasto, financiado con recursos de los contribuyentes cautivos, tampoco hace excepciones sustantivas. Alcanza para los medios electrónicos, que se quedan con la parte del león, y los impresos.
Tenemos a la vista ejemplares de suplementos especiales facturados, de una sola tirada, a los gobernantes de las 32 entidades federativas: Un voluminoso y mendaz boletín en el que se exaltan las virtudes, la visión, la eficiencia y la eficacia de esos mandatarios.
Por simple método alfabético, en la relación de patrocinadores de esas ediciones, registramos los nombres de la mitad de los 32 gobernadores que, entre 2015 y 2016, fueron relevados electoralmente y entregaron o están a punto de entregar los despachos de gobierno a sus sucesores.
Una compulsa de ese gasto promocional ofrece indicios de que dichos gobernadores dispusieron a su antojo de las participaciones federales, ya que la política fiscal propia de las entidades no da ni siquiera para pagar la nómina burocrática.
Lo que cuesta la corrupción a los mexicanos
Entre octubre y noviembre, la mayoría de los medios metropolitanos se orquestó para dar primeros planos a los resultados de una investigación auspiciada, entre otros organismos, por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuyo dato central es que la corrupción cuesta a los mexicanos alrededor de 900 mil millones de pesos al año.
Pero desde que, a principios de sexenio, se anunció la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la peste del saqueo de la riqueza nacional se ha exhibido como una destructiva pandemia contra la cual no se halla aún vacuna.
En 2016, en la fase culminante del proceso legislativo sobre ese putrefacto tema, hubo un choque de trenes entre el Poder Legislativo (federal y estatales) y algunas representaciones empresariales. Ambos frentes, buscando impedir ser sujetos obligados de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.
La cruzada contra la corrupción entró en otra exacerbada espiral en la agenda electoral de 2016. Partidos hasta antes del 5 de junio en la oposición (sus candidatos fueron “institucionales” hasta que su formación les negó la nominación), se abanderaron contra la corrupción y lograron rendimientos con creces.
En estricto rigor, el obsceno espectáculo fue una reproducción de Kramer contra Kramer.
El espectro de Robin Hood al revés
Lo novedoso en esa Ópera bufa, es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyo seno alguna vez se denunció que la política neoliberal encarnaba a “Robin Hood” al revés: Robar a los pobres para obsequiar a los ricos, tomó por fin cartas en el asunto.
La operación pretendidamente profiláctica del PRI, sin embargo, ha resultado sospechosamente selectiva: Se aplica sólo a gobernadores que el 5 de junio perdieron sus estados en manos del Partido Acción Nacional (PAN). El caso más representativo es el del esférico tricolor veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
Entre ayer y hoy, el sainete mediático cambió de protagonista: El ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Después de conejo ido, pedradas al matorral
Tanto para el PRI y el PAN, como para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hemos empleado puntualmente la figura retórica campirana: Después de conejo ido, pedradas al matorral.
Es hasta que sus gobernadores se van con el santo y la limosna, que los dirigentes de esos partidos fingen romperse las vestiduras y darse baños de ceniza. Los sepulcros blanqueados entran en acción.
El montaje mediático de ayer en la Ciudad de México con Padrés Elías a la mitad del foro, rompe los límites de la inverecundia.
Vayamos al ejercicio memorioso: En 2006, Guillermo Padrés Elías llegó al Senado en fórmula ganadora con su paisano Javier Castelo Parada.
A lomo del infanticidio en la Guardería ABC
Cuatro años después, Padrés Elías arribó a palacio de gobierno a lomo de la tragedia que, en plena campaña electoral, inmoló a medio centenar de niños inscritos en la Guardería ABC, subrogada a una empresa privada en cuyo directorio aparecían familiares de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Dicha guardería formaba parte de la red del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido en esos días por Juan Francisco Molinar Horcasitas.
Cuando los dolientes padres de las víctimas del siniestro exigieron fincar responsabilidades a dicho funcionario, Calderón Hinojosa lo promovió al gabinete como secretario de Comunicaciones y Transportes.
Los padres de familia demandaron también abrir causa al entonces gobernador priista de Sonora, Eduardo Bours Castelo. La razón es que el incendio de la guardería se inició en una bodega contigua a la instancia infantil. Ya en palacio, Padrés Elías se negó al pedido de los padres.
Al tiempo, se descubrió que en la bodega se almacenaba documentación comprometedora de la Secretaría de Finanzas estatal, en cuyo caso el móvil del incendio fue quemar esos archivos.
Aquí es donde toma sentido la mención del senador panista Javier Castelo Parada. Éste es tío del ex gobernador Eduardo Bours Castelo. No obstante el vínculo familiar, Castelo Parada hizo denuncias públicas de nepotismo y corrupción en el plan Sonora Proyecta, impulsado por su sobrino Eduardo, ex presidente nacional por cierto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ya gobernador, Guillermo Padrés Elías brindó manto protector a su antecesor.
Si me denuncias, cuenta con tu expulsión
En las primeras semanas de 2011, el dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Durazo, saliendo al paso a sospechas de corrupción en el equipo del gobernador Padrés, declaró que el partido debiera ser el primero en vigilar y sancionar a sus miembros en ejercicio de gobierno. El buen juez por su casa empieza.
Meses después, volvió a la carga el senador panista Castelo Parada, esta vez para acusar que en la obra del acueducto Independencia, para la desviación de aguas de la presa el Novillo (sur de Sonora) hacia Hermosillo, se estaban cometiendo actos de corrupción.
La reacción de la dirigencia panista estatal fue la amenaza de expulsión del partido de Castelo Parada.
A propósito del acueducto Independencia, en su momento hubo denuncias del comité estatal del PRI en el sentido de que el gobernador estaba coludido con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria para expropiar terrenos federales con el propósito de emprender exclusivos desarrollos residenciales y comerciales a fin de aprovechar las aguas desviadas desde la presa El Novillo.
Para entonces, la tribu Yaqui empezó a sublevarse, denunciando el despojo de recursos hídricos que por ley debieran destinarse a fines productivos; agrícolas de preferencia.
Los yaquis ganaron las primeras instancias jurisdiccionales que aceptaron el argumento de que los afectados por la obra no habían sido consultados previamente.
Las quejas de los yaquis tuvieron eco en el Senado. Nadie del gobierno de Felipe Calderón, ni después del priista Enrique Peña Nieto, atendió las protestas ni los fallos judiciales en materia de amparo.
El ecocidio del Grupo México
Se abrió otro escandaloso capítulo con el desastre ecológico provocado por los derrames tóxicos de las minas del Grupo México, en la periferia de Cananea.
En la indagatoria de este crimen ambiental, se descubrieron desvíos del presupuesto de egresos del gobierno del estado para favorecer ostentosas propiedades rancheras del gobernador Padrés Elías.
Ya para 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, como resultado de la revisión de Cuentas Públicas del Ejecutivo federal, puso en la mira la administración pública del estado, corriendo a vistas a la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República las irregularidades detectadas. Luego vinieron los hallazgos del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Nada pasó.
Así fue el sexenio del panismo sonorense. Pero el pillaje tuvo su incubación en la campaña electoral misma de Padrés Elías. Fue del dominio público que uno de sus hermanos, libreta en mano, fue empadronando a los donantes a la campaña.
En las primeras semanas del mandato azul, los donantes fueron citados al piso de remates palaciego: Según el monto de las aportaciones a la campaña, sería el monto de los contratos públicos de obras o servicios, por licitación o por invitación. ¡Qué tal!
En escena, El abogado del diablo
En 2015, el panista Guillermo Padrés Elías perdió el estado en manos de la priista Claudia Pavlovich. Se levantó el telón para poner en escena la nueva obra moralizadora.
¿Cuántos meses, años, transcurrieron para el montaje de ayer? Los suficientes para acreditar la industria de la impunidad.
En el grotesco espectáculo de ayer, entró al teatro del absurdo otro personaje, no precisamente en papel secundario, sino como Abogado del diablo: El también panista Fernando Antonio Lozano Gracia.
En 1994, según diría después Vicente Fox, “se rajó” el candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Como premio de consolación, el presidente suplente Ernesto Zedillo Ponce de León puso a su disposición la titularidad de la Procuraduría General de la República.
Antes, en 1991, el panista Fernández de Cevallos se distinguió en el Palacio Legislativo de San Lázaro por su consentimiento a la quema de los paquetes electorales de 1988.
El jefe Diego aceptó la oferta de Zedillo pero endosó su usufructo a Lozano Gracia: Éste se volvió célebre por la indagatoria del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que implicó a los hermanos Salinas de Gortari.
Aquella investigación rayó en el ridículo: Creó figura la mofa de Los paquete de Paquita, en alusión a la vidente que fue consultada para desentrañar el crimen.
En busca de otros paquetes perdidos
Eso es lo que más se recuerda de la gestión de Lozano Gracia en la PGR: Se recuerdan menos otros insondables paquetes. En uno de ellos, archivados en la PGR, estaría el testimonio de un testigo protegido que nombró al ex gobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.
La mención no es de poca monta: Ese testigo protegido aseguró que Barrio Terrazas fue protector y beneficiario de la generosidad del jefe del Cártel de Juárez, Armando El señor de los cielos Carrillo Fuentes. “El patrón ya estaba harto” de las exigencias de dinero por parte del gobernador, dijo el declarante.
Al terminar su sexenio, Barrio Terrazas fue reclutado por el presidente panista Fox Quesada para hacerlo cargo de la secretaría de la “Renovación Moral de la Sociedad”: La Contraloría de la Federación, desde donde el chihuahuense ofreció a su jefe los “lingotes de oro” del Pemexgate priista (campaña presidencial de 2000).
Otro asuntillo cuyo expediente se perdió en la noche de aquellos tiempos en la PGR, fue la denuncia de inversionistas canadienses que metieron capital en el corporativo Arrocera de El Palmito (Sinaloa) y resultaron, según su acusación, defraudados por ejecutivos y socios de esta empresa.
La acusación de los canadienses, al través de abogados mexicanos, implicó a la familia Clouthier Carrillo, del ex candidato presidencial panista en 1988, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón.
Hace unas semanas, el jefe nacional del PAN, el presidenciable Ricardo Anaya Cortés propuso al Senado la candidatura del extinto empresario sinaloense para la Medalla Belisario Domínguez, que se otorga a mexicanos en reconocimiento de sus servicios a la Patria.
En fin, en ese insólito combate a la corrupción, el estridente grito de moda es: ¡Al ladrón, al ladrón! Lo expectoran los rateros. Es cuanto.