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Duarte: ¿silencio comprado?

Jorge Santa CruzEl ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser juzgado en México porque dice no haber cometido los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.

Toca ahora a la justicia de nuestro país actuar de manera transparente. Procedamos a explicarnos:

Duarte de Ochoa tiene todo el derecho de defenderse; con lo que no estaríamos de acuerdo es que esté encarcelado un tiempo y después, lo dejen libre y hasta le devuelven la fortuna, como hicieron con Raúl Salinas de Gortari, en diciembre del año pasado.

En mayo de este 2017, la ex lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, fue exonerada del delito de defraudación fiscal, por lo que sólo enfrenta, por el momento, cargos de lavado de dinero que -si el ministerio público federal no acredita correctamente- pueden ser rechazados por la justicia.

Pero regresemos al caso de Duarte de Ochoa y su disposición a ser juzgado en nuestro país. Vemos los siguientes escenarios:

a) Porque en efecto es inocente y tiene cómo demostrarlo.
b) Porque pactó silencio a cambio del menor daño posible a su persona, a su familia y a sus bienes.

El primer escenario lo vemos poco viable. Cuando ejerció el poder en Veracruz no se cuidó de ser ostentoso y, peor aún, de perseguir a la prensa. No dude usted que -incluso- la sociedad y el gremio periodístico le finquen más cargos.

Si se sabe inocente, ¿por qué huyó? Porque ya sabe cómo se las gastan los gobernantes, los procuradores de justicia, los ministerios públicos, los jueces, etcétera. Cabe suponer, incluso, que él mismo haya politizado la impartición de justicia.

Por lo tanto, el segundo escenario es el que vemos más factible. Imagine usted, amigo lector, lo que pasaría dentro del sistema si Duarte de Ochoa abriera la boca y dijera todo cuanto sabe. Sería el acabose para muchos más, colocados en puestos de gobierno importantes.

En este momento, las autoridades tienen en su poder a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, y a Guillermo Padrés Elías, ex mandatario de Sonora. Otro ex gobernador, Tomás Yarrington, está en Italia, de donde será extraditado a Estados Unidos. Persiguen, también, a César Duarte, de Chihuahua.

Pero resulta obvio que los gobernadores no se mandan solos y que necesitan cómplices en los niveles federales. ¿O no?

Por eso, al sistema político mexicano le conviene que Duarte de Ochoa se calle y no involucre a gente de mucho poder político y económico.

De igual manera, que sea exhibido en los medios para que el PRI empiece a cacarear que los corruptos la pagan; recuérdese que estamos a menos de un año de la elección federal que cambiará al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados.

Al tiempo.


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