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2018: Con esos bueyes hay que arar

2018: Con esos bueyes hay que arar

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

 

Lo que irrita en el llano, de los depositarios de los tres Poderes de la Unión en México, no es su dudosa idoneidad, su arribo y validación en circuito cerrado, la sospecha de simulación o prevaricación en el ejercicio de sus responsabilidades asumidas bajo juramento de la Constitución, sino su cachaza.

Para entrar en materia, tratemos de explicar eso del circuito cerrado, cupular: Sólo  siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por sentencia “definitiva e inatacable”, nombran presidente de la República.

El presidente de la República -designado por los siete magistrados electorales- tiene la facultad de proponer candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo cuerpo se compone por once ministros.

Los once ministros de la Corte están facultados para proponer los candidatos a magistrados que forman la Sala Superior del TEPJF.

Los once ministros, surgidos de ternas que propone el presidente de República, designado por siete magistrados electorales, pasan  por la confirmación del Senado de la República.

Los candidatos a senadores obtienen el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), que está compuesto por once consejeros electorales federales. Estos once consejeros avalan la validez de la elección de senadores y les expide la correspondiente constancia de mayoría.

Los mismos once consejeros dan constancia de mayoría a los diputados federales. Es la Cámara de Diputados federal la única facultada para nombrar a los consejeros electorales.

La designación de ministros de la Corte, de magistrados y consejeros electorales federales opera bajo el sistema de cuotas acordado de facto por las representaciones de los tres partidos con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, cuyo origen pasó por las constancias de mayoría expedidas por el INE.

Es del dominio público que el Senado de la República y la Cámara de Diputados actúan bajo “la ley” conocida coloquialmente de cuotas y de cuates.

Tenemos entonces que el control del circuito cerrado está en las manos de 658 individuos, entre los cuales aparecen al menos 242 que no llegaron a las cámaras legislativas por la vía del voto electoral directo; son los llamados plurinominales. El circuito cerrado se convierte así en círculo virtuoso.

De acuerdo con el listado nominal que elabora el Registro Federal de Electores (órgano del INE), en 2017 están empadronados unos 87 millones de mexicanos con derecho a voto, universal, secreto y directo.

¡Qué le vamos a hacer!: Eso es lo que llaman democracia “representativa” a la mexicana.

Dos expedientes para ilustrar nuestro optimismo

Dos datos indicativos de cómo llegan ministros a la Corte y como actúan algunos magistrados electorales federales.

A finales de  2005 estaba atorada en el Senado la famosa Ley Televisa y paralelamente el nombramiento de un ministro de la Corte.

De acuerdo con testimonios públicos (tenemos a la vista constancias editoriales), la candidata a ministra era Margarita Luna Ramos. La bancada senatorial del PAN cuestionaba esa candidatura. El magistrado electoral federal, Alejandro Luna Ramos, hermano de la candidata atorada, buscó una triangulación  con el coordinador de los senadores azules Diego Fernández de Cevallos. El nombramiento se liberó.

Al mismo tiempo, la coordinadora de la campaña presidencial del candidato panista para la sucesión 2006 Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, sostenía negociaciones secretas con ejecutivos de Televisa.

A cambio de diferir el cobro facturas de publicidad de la campaña panista y reposicionar a Calderón en las encuestas sobre intención del voto, Vázquez Mota comprometería los votos de los senadores para destrabar la Ley Televisa. Como ocurrió.

Entre 2010 y 2011, el PAN interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral federal en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por hacer uso de recursos públicos estatales para pagar promoción personal con vistas a la elección presidencial de 2012.

Para la sentencia del recurso interpuesto por el PAN, sus homólogos designaron a la magistrada María Elena Alanís Figueroa, ponente.

La magistrada Alanís Figueroa trasladó las diligencias del caso a su residencia particular, para poner a consideración de los abogados y representantes de Peña Nieto su proyecto de sentencia. Peña Nieto fue exonerado de las imputaciones del PAN.

De cómo se da estabilidad al “sistema democrático”

Ayer, de las instancias del Tribunal Electoral federal, a propósito de una resolución del pleno de la Corte, conocimos estas transcripciones: El Congreso federal dio testimonio de su “autonomía”. La decisión de los ministros, confirmó la vigencia de los mecanismos de pesos y contrapesos para fortalecer y dar estabilidad al sistema democrático mexicano.

El fallo del pleno de la Corte (votación dividida seis contra cinco) validó una operación del Senado por la que se amplía el periodo de funciones  de cuatro magistrados electorales federales (dos, de seis a ocho años, y dos de tres a siete años), después de que los senadores habían  aprobado el nombramiento de esos magistrados para periodos menores.

La causa fallada derivó de la interposición de una acción de inconstitucionalidad por la decisión del Senado. Se alegaba que los senadores habían trasgredido la autonomía del Poder Judicial de la Federación-

Dos ministros, el presidente Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, nos ofrecieron esta joya argumentativa: Los legisladores no violaron los principios de independencia judicial, de seguridad jurídica, la no aplicación retroactiva de la ley ni el escalonamiento en el cargo de los magistrados electorales.

De su lado, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo lo contrario. Dio la razón a los partidos PRD y Morena (actores activos en la acción de inconstitucionalidad), ya que se actualizó “una transgresión constitucional a la independencia judicial”.

La Constitución, alegó Gutiérrez Ortiz Mena, prohíbe incorporar cualquier elemento que pueda poner en entredicho el quehacer judicial, incluyendo actos posteriores del Poder Legislativo a la designación de los magistrados electorales.

Por cierto, entre los ministros que rechazaron la impugnación comentada, estuvo Margarita García Luna Ramos, de cuyo nombramiento por el Senado en 2005 ya hicimos mención.

Senador Larios: No hay nada que festinar

No faltaba más; lo obvio: El intachable senador verde, Pablo Escudero, en funciones ahora de presidente de la directiva del Senado, se declaró complacido por la sentencia dividida de los ministros.

El senador panista Héctor Larios, en cambio, declaró que la decisión de los ministros no es para festinarse. Dijo con todas sus letras que fue ilegal la operación del Senado y de la Cámara de Diputados para ampliar el periodo de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y José Luis Vargas.

Otro grotesco espectáculo legislativo-judicial para ilustrarnos sobre cómo anda la justicia electoral en México.

Las instancias administrativa y jurisdiccional (INE y TEPJF) son las mismas que tendrán en sus manos la sucesión presidencial de 2018.

Dicen los magistrados electorales federales que el capítulo narrado prueba la eficacia de los mecanismos de pesos y contrapesos, previstos por el marco legal vigente, para fortalecer nuestro sistema democrático. A otro perro con ese hueso. Es cuanto.


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