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2018: Gasto federal y sucesión presidencial

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

Donde lloran está el muerto, suele decir la vieja conseja para señalar la ruta del parné. Los hábiles mercachifles que no sueltan mercancía de fiado, imponen su regla: Cayendo el muerto y soltando el llanto. Pago inmediato, pues, y en efectivo.

Relacionado con esas máximas populares, en tratándose de cuentas públicas definidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, son los vivos o vivales los que aplican el método: El que tiene más saliva, traga más pinole.

No se sabe a ciencia cierta hasta qué grado el presidente Enrique Peña Nieto, que es abogado, no economista o contador, interviene en la cuantificación de ingresos y egresos a la hora de que se formulan los Criterios de Política Económica a los que se ciñen los presupuestos de cada año que viene y sus destinatarios.

Puede intuirse, sin embargo, que el jefe del Ejecutivo tira línea al secretario de Hacienda, para el caso José Antonio Meade Kuribreña, sobre el orden de las prioridades presupuestales.

¿A qué prioridades responde el reparto del dinero?

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados federal -órgano con facultad exclusiva para autorizar el gasto-, ya está el correspondiente a 2018.

Está también en su apogeo la rebatiña, sobre todo de secretarios encargados de despacho y de los gobernadores que cabildean para defender su rebanada del pastel que suma más cinco billones de pesos.

Por la fatalidad que la Constitución impone mediante el sistema métrico sexenal, el presupuesto de egresos de 2018 se asocia a la sucesión presidencial.

De la lectura del reparto del  Presupuesto de Egresos para el año venidero se pueden colegir algunas valoraciones sobre lo que preocupa al titular del gobierno de la República.

¿Existe el riesgo de que en las campañas en las elecciones generales de 2018 se exacerben la violencia y la ingobernabilidad? ¿Puede inducirse el gasto a fin de favorecer dependencias a cargo de algunos presidenciables?

La respuesta a la primera cuestión parece obvia: Las áreas que tienen competencia en los renglones de Seguridad Pública y Seguridad Nacional son las que mayor incremento presupuestal recibirán en 2018.

Defensa Nacional: 16 por ciento. Marina Armada de México: 18 por ciento. Secretaría de Gobernación (cabeza del gabinete de Seguridad Nacional): 8.5 por ciento, y Procuraduría General de la República: 2.5 por ciento.

Desde otro enfoque: En la simplificación retórica de la oposición, la Secretaría de Desarrollo Social, es la agencia electoral del régimen. A la política pública en la materia se le reservan 106 mil millones de pesos con el aumento de 1.2 por ciento.

Aurelio Nuño Mayer se lleva la parte del león

Si de elecciones se trata, los órganos arbitrales tienen asegurados, entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más de 30 mil millones de pesos. Para los partidos políticos, casi 7 mil millones de pesos. (Se calcula que a ese renglón los gobiernos de los estados destinarán unos seis mil 300 millones de pesos).

El dato que llama la atención a los analistas es que para la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Ejecutivo pide a la Cámara de Diputados ¡más de 275 mil millones de pesos!

El titular de la SEP es Aurelio Nuño Mayer, listado entre los potenciales presidenciables del PRI, en cuyo caso queda en abismal ventaja respecto de la disponibilidad dineraria que por si solo tendrá el titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, otro presidenciable tricolor.

Visto en sus términos la iniciativa original, se observa que al sector productivo, al que es consustancial la infraestructura física, se le castiga ostensiblemente.

¿Y la respuesta a las poblaciones devastadas?

A la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, se la recorta 8.8 por ciento del gasto destinado a un campo de por si colapsado. A la impresentable Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le quita 8.7 por ciento.

Hablamos de la iniciativa original del gasto, pues nos parece imperativo que, en un reajuste final en las asignaciones, se tome en cuenta la devastación provocada por terremotos y huracanes en 2017, que se suma al rezago en los compromisos de reconstrucción que se arrastra desde 2013 en varios estados de la República.

Dado el marco externo, cargado de incertidumbre por la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resulta difícil, si no imposible, apostar al optimismo.

(*) Director General del Club de Periodistas de México.



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