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Año de Hidalgo ampliado

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Hasta hace relativamente poco tiempo, El año de Hidalgo estaba reservado para que la burocracia pública hincara la uña a la porción de patrimonio nacional que tuviera a su alcance antes de que terminara el sexenio en curso.

Ahora, ese derecho no escrito se extiende cada año del sexenio a los que practican la iniciativa individual que es el santo y seña de la libre empresa. Toda sea por la democracia.

Exactamente a un año de que concluya su periodo la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal, mangoneada por el mexiquense César Camacho Quiroz, prepara un nuevo obsequio a la iniciativa privada.

Se ha considerado en la plataforma legislativa para el periodo ordinario que está por arrancar, el dictamen de la nueva Ley General de Aguas. La Comisión de Recursos Hidráulicos tiene un borrador planchado por mayoría.

El proyecto de ley limita el consumo de cada mexicano a 100 litros diarios. Pero se prodiga en concesiones a los poderosos  intereses que tienen capacidad de cabildeo en el Congreso de la Unión. Hasta para tirar en los cauces líquidos residuales. ¿Cómo saber si no son tóxicos?

La pregunta es pertinente, porque en el norte de Sonora se siguen sufriendo las consecuencias del desastre ecológico provocado por el Grupo México que descargó en aguas vírgenes puro veneno industrial.

No hay fijón. Después de todo, tienen licencia para contaminar aquellas empresas que practican la minería a cielo abierto, particularmente las extranjeras entre las que predominan las canadienses, nuestros socios en el TLCAN.

En Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Morelos ¿en dónde no? un día sí, y otro también, las comunidades locales denuncian los estragos para la salud humana y la actividad agropecuaria, pero la autoridad responsable de la protección al ambiente encuentran siempre argumentos para los dictámenes den exoneración.

Los corporativos extranjeros dedicados a la minería extractiva, que ahora tienen a su servicio a sicarios que se las saben todas para disuadir a vecinos revoltosos, no sólo tienen patente de Corso para hacer de la Naturaleza lo que se les venga en gana.

También tienen carta blanca para la depredación fiscal

Se supone (es sólo un supositorio) que las concesionarias mineras debieran aportar al Fondo Minero de Desarrollo Regional Sustentable para Estados y Municipios, una cuota irrisoria para compensar a las comunidades afectadas por la ocupación y explotación de sus tierras.

Una ley federal de 2013 (tiempos del fáctico Pacto por México), que hizo un batiburrillo entre los conceptos de derechos e impuestos, les permite a esos sujetos obligados evadir esas obligaciones por vía del amparo.

Un caso representativo se da en la más pacífica de las entidades de México. La Federación de Núcleos Agrarios del Estado de Guerrero tiene algunas causas administrativas y judiciales sobre el incumplimiento de la norma.

¡Oiga usted!, como diría Paco Malgesto, ¿cómo cree que el infelizaje tenga derecho a exigir la observancia del Derecho? En México ese es un despropósito. Es cuanto.


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