VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
Con un pie en el estribo para viajar a París, al presidente Enrique Peña Nieto se le apareció en Los Pinos el secretario de Estado (USA), John Kelly. De lo que hablaron dieron cuenta los boletines.
Ayer por la tarde, el jefe de la política exterior de la Washington hizo su visita al procurador general de la República, Raúl Cervantes. Tema: Revisar la agenda de colaboración para el combate conjunto al crimen organizado.
Las formas protocolarias de esos encuentros, y otros, se han dado en los esquemas clásicos. Aterciopeladas.
Hay un asunto, sin embargo, del que no notificaron las crónicas de ese acontecimiento bilateral.
En horas previas, en México se difundió que la Casa Blanca ha puesto en su la agenda de Donald Trump su “preocupación” por el problema de la corrupción mexicana cuando estamos a unos días de que, de acuerdo con el cronograma constitucional, aunque mocho, entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Faltan, como sabemos, el nombramiento del Fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El formato legal del SNA, con sus vacíos en sus estructuras formales, quedó planchado, en algunos casos con escucha de algunas representaciones de la sociedad civil. Se le cree eficaz para tener un México libre de algunas lacras.
Lo que llama la atención de algunas de las versiones periodísticas locales sobre el asunto, es que, conocidos los alcances monetarios del costo de la corrupción en México, el gobierno de los Estados Unidos pretende insertar su combate en sistemas que en la Unión Americana están en vigor.
Es como si se hablara de que las Fuerzas Armadas mexicanas han sido expuestas al control de los Comandos Sur y Norte de El Pentágono.
A decir verdad, no se conoce a ciencia cierta el alcance del combate a la corrupción en los Estados Unidos, pero sí se sabe que la legislación correspondiente no exenta de represión a los grandes corporativos privados implicados en actos de cohecho o soborno, que luego pagan la sanción en arreglos discrecionales con fiscales y jueces; arreglos que de todas manera no son baratos aunque eximen a los responsables de penas corporales.
Si, mediante la injerencia de instituciones gringas, la administración pública mexicana va a ser monitoreada, ¿se aplicará la regla de todos coludos o todos rabones? De ser así, vale más que los corruptos de la empresa privada vayan poniendo sus barbas a remojar. Ya era hora.