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Contra indígenas mexicanos, la solución final

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

Cuando  hablamos de que la tecnocracia neoliberal, al embarcar a México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) trazó el “camino correcto” hacia una sociedad de servidumbre, vemos que la primera mojonera de ese itinerario fue la contrarreforma agraria de 1992. Apuntemos otras señalizaciones.

Hacia 2000 empezó a impulsarse el Plan Puebla Panamá (PPP). Previamente se diseñó un proyecto, El sur también existe, cuyo leitmotiv puso en su centro de gravedad el potencial energético del sureste. Una de sus herramientas: Atacar la propiedad comunal de la tierra, histórica en la región poblaba mayoritariamente por indígenas.

No obstante que, desde mediados del actual sexenio, se publicitó la Reforma del Campo, el gasto programable destinado al agro, de 2010 a 2016 se ha ajustado a la baja de 9.9 a 8 por ciento. Respecto del Producto Interno Bruto (PIB) total, de 2 a 1.7 por ciento.

Para el ejercicio fiscal 2016 se asignaron al campo 351 mil millones de pesos. Finalmente se aplicaron 334 mil 481 millones.

Dos millones 370 mil jornaleros

Desde la ejecución de la contrarreforma agraria se prefiguró la privatización de la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades). Comenzó la jornalerización de los campesinos.

Para 2010, se calculaba que unos 20 millones de hectáreas ejidales y comunales habían pasado a manos de terceros. En algunos casos, del crimen organizado.

En 2009, la Encuesta Nacional de Jornaleros del Inegi censó 370 mil  permanentes y dos millones itinerantes, procedentes principalmente de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; del sureste mexicano, pues.

La trágica situación de los jornaleros está plenamente documentada: Pobreza estructural, nuevas formas de explotación, negación de Seguridad Social y salarios por debajo de lo establecido por la ley. En algunos estados receptores de esa mano de obra, se ha restaurado la tienda de raya de reminiscencias porfiristas.

Lo que nos deja la Reforma Energética

La Reforma Energética tiene una etiqueta: Carta blanca a los concesionarios para la “ocupación” -simulación por expropiación- de territorios con potenciales yacimientos petroleros, casualmente en terrenos comunales o ejidales. Incluso pequeñas propiedades privadas.

La legislación establece que esas apropiaciones por particulares deben pasar por la consulta previa a los afectados. Otra falacia. Ya existía un precedente en la explotación de concesiones mineras que favorecen principalmente a trasnacionales extranjeras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado casos, ordenando cumplir con esas consultas y darles autenticidad.

Norte de Chiapas, territorio petrolero. Los indígenas zoques se han declarado en resistencia contra la decisión de la Secretaría de Energía, de ceder territorios de esas comunidades en once municipios chiapanecos, despojando a sus titulares de más de 84 mil 500 hectáreas para la explotación de doce pozos.

En Oaxaca, integrantes del Comité pro Defensa de la Tierra y Territorio han apelado al amparo de la justicia federal (40 recursos) por violación a sus derechos a una “consulta libre, previa e informada” contra las empresas eólicas Fuerza y Energía Bii Ioxho y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca que pretenden apropiarse de terrenos de propiedad para ampliar su infraestructura.

Otras formas de depredación

Quintana Roo tiene una gran parte de población originaria. En la Isla de Holbox, con permisos, licencias y tolerancia del gobierno federal se ha depredado indiscriminadamente flora y fauna para favorecer a las cadenas privadas que en los últimos cuatro años han levantado 17 hoteles y otros desarrollos residenciales y turísticos.

En la misma península, pero en Yucatán, han recurrido a la Corte los productores apícolas de municipios mayas en denuncia contra la trasnacional Monsanto,  responsable de las siembras transgénicas de soya por el uso de pesticidas que afectan no sólo el entorno natural, sino la salud de las personas.

En Hidalgo, lugareños de los municipios Francisco I. Madero, San Salvador, Actopan, El Arenal, Tlaxiaca y Santiago de Anaya, con densidad indígena, han denunciados acciones de presuntos policías estatales apoyados por partidas militares, que han cerrado las compuertas de canales del distrito de riego 3, privando a los campesinos del agua para el cultivo a fin de asegurar el suministro a los terratenientes privados.

En Chihuahua, Colonia Terrazas de Meoqui, tierra de tarahumaras, los campesinos se movilizan contra la instalación de un gasoducto para servir a los intereses de la empresa cervecera belga, Heineken.

En Morelos, a pesar de que el juzgado cuarto de distrito otorgó al poblado indígena de San Juan Tlacotenco una suspensión contra las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán, la dependencia sigue operando con mexicana alegría motosierras para la tala de árboles y vegetación de ornato.

En Baja  California, contra un viejo protagonista, la estadunidense gasera Sempra Energy que ahora convierte las instalaciones de su planta de licuefacción para el mercado asiático, en el Tribunal Agrario existe el expediente 42/ 2006, por la que Hanono Raffoul y Arya Furst reclaman, con títulos al canto, la propiedad de terrenos de la colonia agrícola Costa Azul donde la gasera realiza su proyecto.

En la Meseta Purépecha

En Michoacán, el Consejo Supremo Indígena, en nombre de 25 comunidades de la Meseta Purépecha  ha reclamado el derecho a la autonomía financiera o la libre determinación económica (derecho constitucional) contra el incesante despojo perpetrado por las autoridades “por simples intereses políticos”, sin tomar en cuenta el parecer la población de los municipios de Quiroga, Uruapan, Salvador Escalante y Chilchota.

Son las anteriores cosas que cuentan y hay que contar, dice el spot, de “palpitante actualidad”. En trabajos editoriales anteriores hemos documentado conflictos de la misma naturaleza en Sonora, Puebla, Guerrero, Nayarit, algunos de los cuales han sido denunciados a gobiernos de países de origen de las trasnacionales.

El mejor indio, el indio muerto

Todo se enmarca en una demanda continental de territorio libre de proyectos extractivos que abarcan hidrocarburos, minería, infraestructura hidráulica, centrales geotérmicas, desarrollos turísticos, etcétera.

Pero para el nuevo modelo de conquista y colonización, el mejor indio, es el indio muerto. La solución final hitleriana. Es cuanto.    


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