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Cuando las sentencias electorales son “inatacables”

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

La diosa justicia electoral mexicana no encuentra el modo de quitarse el paliacate que la retrata como tuerta.

Los Organismos Políticos Electorales Locales (Opels) y los correspondientes tribunales electorales de los estados de México, Coahuila y Nayarit tocan, en materia de justicia, con partituras diferentes no obstante que las constituciones y los códigos electorales estatales parecen estar en la misma frecuencia de la Constitución General y el Código Federal de Instituciones  y Procedimientos Electorales.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ve, en el gasto de las campañas para gobernador en Coahuila y Nayarit, rebase del límite autorizado, que no ven los consejeros y magistrados estatales.

Pero los miembros de la Comisión de Fiscalización del INE no ven en el estado de México la misma transgresión financiera que han venido denunciando los partidos opositores.

El estado de México ejerce una poderosa fascinación sobre los consejeros y magistrados electorales federales.

Extraña fascinación del estado de México

Verbigracia: Hace seis años, el PAN denunció al entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, por hacer uso de recursos públicos para promoción personal rumbo a la elección presidencial de 2012.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vieron que el presunto implicado no hizo más que poner en práctica “un nuevo modelo de comunicación  política”. Lo exoneraron.

En febrero de 2015, los magistrados del TEPJF tuvieron en sus manos el expediente de denuncia contra el mismo justiciable por el asunto de las tarjetas de Monex y Soriana para fondear saldos de votantes en las elecciones presidenciales de 2012. Los mismos magistrados no lo vieron así y  volvieron a exonerarlo.

El indispensable Rolando Villafuerte Castellanos

En esta segunda causa actuó como ponente el magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, miembro de la Sala Superior del tribunal. Su secretario proyectista fue Rolando Villafuerte Castellanos. La sentencia “definitiva e inatacable”, repetimos, fue absolutoria.

Hoy, el ex magistrado electoral Carrasco Daza es el enlace legislativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Congreso de la Unión.

Hoy, Rolando Villafuerte Castellanos aparece en la terna enviada por la Corte al Senado para la designación de magistrado de la Sala Regional especializada del TEPJF.

Otro de los candidatos a magistrado electoral propuesto por la Corte es Ricardo Antonio Silva Díaz. Éste fue director general adjunto de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación. En 2014, se apuntó para comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales (INAI).

No avanzó, pero recientemente se postuló por primera vez como magistrado de la Sala Regional del TEPJF. Se atoró otra vez. En su momento de su nueva nominación a ese cargo, despachaba como secretario de Estudio y Cuenta del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Con ese círculo virtuoso y justiciero llegaremos a las elecciones generales de 2018, con elección de presidente de la República. Que no digan los sospechosistas que los dados están cargados desde ahora.


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