Espacios del Club de Periodistas

Los ciudadanos no pueden pedir exhortos a EPN

EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra

 

¡Agárrense de las manos! Hay cosas que cuentan y cuentan mucho. Hay que contarlas, nos convence el    spot. Lo dice el Inegi: La corrupción en materia de regulación económica en 2016, costó a los empresarios mil 600 millones de pesos.

Las cosas van mejorando: A finales de 2016, con base en periodos precedentes, se cuantificó la corrupción en México en poco más de 900 mil millones de pesos. 2015 fue declarado Año de la eficacia. Los datos consignados prueban los resultados.

Para ilustrar nuestro optimismo, circulemos por una tangente, rumbo a 2018: Ayer, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, aunque reconoció que va a venir mucha turbulencia y especulación, proclamó garantías para una elección presidencial confiable.

Por si alguna sombra de duda se cerniera sobre  la voluntad de la autoridad electoral civil, ayer mismo el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda refrendó el compromiso del Ejército de seguir siendo una institución confiable al servicio de los mexicanos.

Lo dejamos de ese tamaño.

Primer producto de los engendros del SNA

Volvemos a las líneas iniciales de esta entrega. Mientras que el Inegi, en su primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, cuantifica el costo de la corrupción pública, el Congreso de la Unión se niega tercamente a crear las condiciones para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuando al mandato de Enrique Peña Nieto ya sólo le restan 17 meses. El cuento del combate a la corrupción tiene  cinco años.

Los engendros del SNA ya están respirando, pero su aliento no es para incitar al beso.

Ya existe un Comité Coordinador del SNA: A tal comité pertenece, nada más, pero nada menos, la licenciada Arely Gómez. Fue la procuradora federal que suplió en el cargo a Jesús Murillo Karam.

Debió hacerlo muy bien la licenciada Gómez, porque su jefe la hizo responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la institución encargada de la contraloría de la Federación: La que, insobornable e implacable,  ha puesto freno a la corrupción de los hombres del gobierno.

Ayer, en el Comité Coordinador del SNA, la licenciada Gómez emitió un voto. Lo hizo en contra…

En contra de una solicitud de exhorto al gobierno de la República para que informe sobre la adquisición y aplicación de un programa de espionaje por el cual, al través de aparatos celulares, se monitorean imágenes y comunicación de periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos e investigadores de la corrupción.

Se trataba de un simple exhorto: Un ruego, a decir de nuestra Madre Academia: Ni con  el pétalo de un twittee.

¿Quién había solicitado ese exhorto? ¿Donald Trump? ¿Andrés Manuel López Obrador? No, lo había pedido el comité ciudadano del propio SNA. Ciudadano, vale subrayarlo.

Uno, ingenuo, todavía cree que el ciudadano es depositario (artículo octavo de la Constitución)  del derecho de petición a funcionarios públicos, obligados a respetar y responder a esa petición, siempre y cuando se presente de manera pacífica y respetuosa. En los días crepusculares del Peñismo, eso no es así. ¡Qué le vamos a hacer! Es cuanto.


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