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El PRI ya tiene los surcos bien trillados

Mouris Salloum. Foto tomada de su TwitterVoces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

Los caminos de Dios son insondables/ Los designios de Dios son inescrutables. Ninguna de esas dos versiones teológicas nos da pistas sobre el entrañable sentimiento de empatía que mueve a consejeros y magistrados electorales federales hacia los ciudadanos mexiquenses.

El abogado panamericano Raúl Cervantes Andrade logró sacar exonerado al PRI, y con ello al mexiquense Enrique Peña Nieto, de los juicios que en su contra promovieron partidos de oposición por aquello de las tarjetas Monex operadas para financiar la campaña presidencial tricolor de 2012.

La exoneración fue dictada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Antes, existen registros de que el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar se reunía en corto con el mexiquense Jorge Hank Rhon para tratar cuestiones que lo involucraban en litigios político-electorales en su residencia en Tijuana, Baja California.

Cervantes Andrade, desde 2003, era coordinador jurídico del CEN del PRI. Ahora es procurador General de la República.

Peña Nieto absuelto… por unanimidad

Desde 2009 hasta 2011, particularmente el PAN, luego el PRD, recurrieron ante el TEPJF a interponer recursos contra el entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto, imputándole el uso de la hacienda pública estatal para financiar su promoción política personal rumbo a las elecciones de 2012.

Los magistrados federales, por unanimidad, absolvieron al mexiquense y después, también por unanimidad, lo nombraron presidente de México.

En ambos lances, incluso desde su residencia particular, la magistrada electoral ponente María Elena Alanís Figueroa operó como abogada del justiciable.

En su expediente, aparece que Alanís Figueroa tenía participación en la agencia Demos. De esta firma había sido asociado el ahora consejero electoral federal Marco Antonio Baños, actualmente identificado como coordinador “de la bancada priista” en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Otro caso fue el del magistrado federal Flavio Galván Rivera. Éste Jugó su papel en litigio contra el crepuscular gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, hoy presidenciable del PRI. ¿El resultado? Obvio.

El pupilo de la magistrada Alanís Figueroa

Lo que da tema a esta entrega es otro indicio. La magistrada Alanís Figueroa tuvo como secretario particular a un economista filósofo mexicano formado en la Universidad de Columbia (USA), llamado  Enrique Ochoa Reza. El aquí nombrado había sido activo del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina, que lo nominó en 2003 candidato plurinominal, sin éxito.

El nombre de ese economista filósofo fue citado en las crónicas de los encuentros privados de Alanís Figueroa con los abogados y representantes de Peña Nieto en el asunto arriba ya comentado.

En los litigios relatados con Peña Nieto como imputado, los magistrados argumentaron que las pruebas presentadas por los promoventes eran infundadas.

Alanís Figueroa cobijó a su secretario particular impulsándolo a la dirección del Centro de Capacitación Judicial Electoral del propio Tribunal. Ahí abogó por él para un sillón como consejero del Instituto Federal Electoral (el antiguo IFE). Sin éxito. Entonces, el candidato a consejero negó tener militancia alguna en partido político.

Ochoa Reza: INE, descomunal error

Ahora, el filósofo economista es el dirigente nacional del PRI. Con ese carácter está implicado en las secuelas de las elecciones del 4 de junio pasado, particularmente en los estados de México y Coahuila.

Desde principios de julio, Ochoa Reza cabildeó compulsivamente en la sede del INE para salir al paso a las denuncias de los partidos de oposición por infracciones en los procesos de tres estados que tuvieron elección de gobernador. Sin éxito.

Es del dominio público que recientemente la Unidad Técnica de Fiscalización del INE encontró materia para concluir que la mayoría de los partidos contendientes en las elecciones de junio rebasó los topes de gastos de campaña autorizados y condenó a multas a los transgresores.

Ochoa Reza ha sentenciado que la actuación del ente fiscalizador y del Consejo General del INE fue ilegal. “El INE aplicó las reglas equivocada”. Fue un descomunal error. Ergo, su dictamen fue infundado.

La vereda quitarán, pero la querencia cuando. Enrique Ochoa Reza va rumbo a la instancia jurisdiccional: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus viejos jefes y amigos lo están esperando con los brazos abiertos. ¿Qué dictaminarán los togados? Otro misterio insondable.


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