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Privatización de las ganancias; socialización de las pérdidas

Mouris Salloum. Foto tomada de su TwitterVoces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George

Pongamos el tema bajo la siguiente gráfica: Al terminar 2017, la deuda pública ya estará a lomo de un total de diez billones de pesos.

En el último año de su gestión, 2012, el panista Felipe Calderón dejó en 770 mil millones de pesos el monto de los beneficios fiscales otorgados a los grandes corporativos que operan en México; gran parte trasnacionales.

En el primer año de su sexenio, el priista Enrique Peña Nieto le dio continuidad a esas concesiones: 676 mil millones de pesos.

Esas cantidades están documentadas en conclusiones de la revisión de Cuentas Públicas por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados; reportes de ganancias de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y en algunos estados de cuenta derechos, entregados a la Bolsa Mexicana de Valores.

Algunos estudios prospectivos de especialistas en la materia han calculado que, hacia finales de sexenio, dichos beneficios fiscales a los económicamente poderosos podrían acumular la suma de 5.3 billones de pesos.

Habría que poner esa cifra de cara a los Criterios de Política Económica y la Ley de Ingresos para 2018, que en unos días se presentarán ante el Congreso de la Unión.

Un dato vale tener en mente: En el último ejercicio fiscal de Calderón, despacharon en Hacienda Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Kuribreñas. A cargo de éste estará ahora la presentación de los Criterios de Política Económica para 2018.

Entre los beneficios a los grandes corporativos de hombres de negocios se estipulan regímenes especiales, deducibilidad, condonaciones, devoluciones, diversas formas de créditos fiscales, etcétera.

Aún así, para 2016 se estimaba que sólo 16 de los grandes “contribuyentes” tenían cuentas pendientes con el fisco por 106 mil millones de pesos.

Todo lo trascrito se inserta en un hecho sustancial: El actual gobierno, al paso por Hacienda de Luis Videgaray Caso y el ya nombrado Meade Kuribreñas,  ha mantenido inconmovible el compromiso de Enrique Peña Nieto, de no aumentar los impuestos.

Lo socialmente monstruoso de ese modelo de Justicia Fiscal se refleja en el siguiente diferendo de clase: Desde hace meses, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que asocia a casi 40 mil empleadores, ha pugnado por un incremento de los salarios mínimos, como una herramienta para potenciar el mercado interno, ahí donde cientos de miles de familias mexicanas dependen sólo de las remesas que envían a México los compatriotas transterrados en los Estados Unidos.

La semana pasada, el Centro de Análisis  Multidisciplinario (UNAM) dio a conocer que en lo que va de la actual administración federal, el ingreso de los trabajadores ha experimentado una pérdida de su poder adquisitivo de 13.3 por ciento sólo a causa de la inflación, que en estos días rebasó la cota de 6.6 por ciento en el primer semestre de 2017.

Casualmente, el pasado 7 de agosto el corporativo norteamericano de medios Bloomberg reveló que los Estados Unidos, en la revisión del TLCAN, “presionará” a México para que suba los salarios con el fin “de restarle competitividad y proteger los empleos estadunidenses”.

Las recompensas a directivos empresariales bien portados

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que representa a menos de una decena de asociaciones comerciales, industriales y bancarias cupulares, se niega rotundamente a otorgar la prestación promovida por Coparmex.

¿Qué explicaría la resistencia del CCE a dar a la clase trabajadora salarios remunerativos?

Aventuramos una hipótesis: En 2006, el CCE promovió una campaña mediática, asegurando que votar en las elecciones presidenciales por “algo diferente” sería llevar a México al caos.

Cuando tomó posesión, el panista Felipe Calderón Hinojosa le dio Aeroméxico al entonces presidente del CCE, José Luis Barraza González quien, dicho sea de paso, en 2016 contendió por la gubernatura de Chihuahua como candidato independiente.

Al terminar su periodo como presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani recibió del priista Peña Nieto mandato administrativo para la gestión de las Zonas Económicas Especiales que tienen en la mira el patrimonio de estados del sur-sureste de México poblados mayoritariamente por comunidades indígenas.

¿Qué es lo que espera el actual presidente del CCE, Juan Pablo Castañón al terminar su gestión  dentro de unos meses? En Los Mochis, Sinaloa, de donde es originario el directivo empresarial, se asegura que sus empresas no andan, precisamente, rechinando de limpias. Algo le sabrán.


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