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Sobre costumbres corrompidas

Sobre costumbres corrompidas

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

 

Cuando uno le echa ganas a la agenda pública que mueve a México, siente la tentación de preguntarse si el Estado mexicano sigue siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y si su compromiso en materia convencionalidad es auténtico.

Por lo que corresponde al Poder Judicial de la Federación y específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos en materia de litigios sobre Derechos Humanos, hay signos de que algunos ministros han hecho esfuerzos  por conciliar los mandatos de la Constitución mexicana con los de los tratados y convenciones internacionales para privilegiar los derechos de la persona.

Nos encontramos, sin embargo, que el tema en cartelera en la sociedad mexicana es el de la corrupción, su red de complicidades y la impunidad.

Desde que el nuevo canciller Luis Videgaray Caso admitió que asumía su misión con vocación de aprendizaje, hemos revisado algunas resoluciones de la Asamblea General de la ONU que, precisamente sobre la corrupción, serían aplicables en México, si existiera voluntad política.

Tres tipos de costumbres corrompidas

Hallamos un informe a la Asamblea de 1976 -de “palpitante actualidad”-, suscrito por una Comisión especial sobre las conductas de empresas trasnacionales, que clasificó costumbres corrompidas de esos corporativos.

Dice así ese informe: En el contexto internacional, la preocupación se enfoca en tres tipos de costumbres corrompidas: Las que envuelven participación turbia de intereses extranjeros en el proceso político, pagos a funcionarios públicos, ya sea directamente o a través de un intermediario, para obtener decisiones favorables; y pagos para lograr con rapidez determinada acción, lo cual es necesariamente ilegal.

Un año después, la Comisión puntualizó tres tipos de pagos ilícitos: Pagos por activación, pagos para alterar decisiones, y contribuciones políticas.

En años recientes, en México ha sido piedra de escándalo ese tipo de “arreglos” entre funcionarios de gobierno y empresas extranjeras para liberar contratos y concesiones, que incluso han sido impugnados por corporativos de la competencia que han participado en las licitaciones.

Las autoridades responsables, sean de la Administración o instancias del Poder Legislativo, actúan bajo el supuesto de que, agua pasada, no mueve molino. Se dan por cosa juzgada las demandas de reparación de las transgresiones, como en reciente asunto de corrupción que involucra a ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

No es un asunto de poca monta en una hora en que, para citar un caso, en el sector energético salen convocatorias a pasto para entregar contratos,  concesiones y licencias de  explotación  producción, y distribución de diversas áreas en las que está de por medio el patrimonio del Estado.

Parecerá natural que el gobierno mexicano tire a loco denuncias del Instituto Mexicano para la competitividad; a fin de cuentas, es un organismo doméstico. Pero ¿vale lo mismo el disimulo a resoluciones de la ONU? O somos o no somos.


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