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El sur también existe, aunque no lo quieran ver

Foto amplificada de don Abraham García IbarraEl lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Suelen decir los audaces que a la oportunidad la pintan calva. ¡Ahora o nunca!

¿Qué es lo que se requiere para que los pueblos originarios en México dejen de ser problema? Se requiere exterminarlos o desplazarlos.

En el sur-sureste de México se han implantado tres métodos para esos fines: 1) el desplazamiento por exclusión en las políticas públicas de las comunidades indígenas; 2) por la acción de los grupos paramilitares y, 3) en la última temporada, por la contratación de sicarios para aplacar a los rejegos.

Oaxaca y Chiapas, entre los estados del sur,  han registrado en las dos últimas décadas los más altos índices de expulsión humana.

Un estorbo, el régimen de tenencia comunal de la tierra

Desde que, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda, se dio a conocer el ensayo El sur también existe, sus diseñadores apuntaron que el primer obstáculo para llevar el progreso a aquella región era la tenencia comunal de la tierra.

Por supuesto, por ahí había que empezar: Eliminar ese régimen de propiedad social de la tierra. Con la reciente Reforma Energética, a las empresas interesadas en la explotación de hidrocarburos en México se les ha dado carta blanca para ocupar territorios con potenciales yacimientos petroleros.

Esas concesiones siguen la misma Carta de navegación trazada durante los sexenios de Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la fecha, se han expedido más de 26 mil títulos de explotación a las compañías mineras, mayoritariamente extranjeras, por las que se traslada el dominio sobre 13.7 del territorio nacional.

Esas concesiones no han pasado por la consulta previa a los posesionarios o propietarios de esa porción del territorio mexicano: Ejidos, comunidades agrarias y aun pequeñas propiedades.

En estadísticas manejadas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (cuya cabeza de sector es la Secretaría de Gobernación) la cesión territorial podría abarcar, en sus diversas modalidades y usos, hasta 95 millones de hectáreas, revirtiendo afectaciones históricas con cargo a la Reforma Agraria.

Solo nos detendremos en la motivación de este tema: Hasta ahora, al menos 42 pueblos indígenas han sido despojados de dos millones 137 mil hectáreas. Los poseedores de aquellos títulos han sembrado miedo, muerte y tensión en los pueblos en resistencia.

Las compañías concesionarias, que practican la industria extractiva en México, se interesan en metales preciosos y de uso industrial; sólo pagan menos de siete pesos de impuesto por hectárea;  disponen de Patente de Corso para imponer su ley en esas demarcaciones mediante la contratación de sicarios.

Así, las Zonas Económicas Especiales navegarían como balsas sobre aceite

¿Qué queremos decir con aquello de que la oportunidad la pintan calva? Esa oportunidad se presenta con la catástrofe social provocada por los recientes terremotos que, en términos conservadores, han afectado a más de dos millones de personas, la mayoría de origen indígena que perdieron total o parcialmente casi 60 mil viviendas.

No es una mera imaginaria. Conforme los objetivos del ensayo mencionado, El sur también existe, la tenencia comunal de la tierra es un estorbo para el desarrollo de aquellas regiones.

¿Quién puede aprovecharse de esa oportunidad servida en bandeja de plata? Se nos ocurre que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a cuyo ex presidente Gerardo Gutiérrez Candiani se le dio en cesión la gestión de las Zonas Económicas Especiales.

Casualmente, los ejes de esas zonas están en los estados del sur: Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán.

La solución intuida tiene un pretexto y el recurso; el remedio y el trapito. Se dice ahora mismo que la dificultad para hacer llegar los auxilios a los damnificados, es la dispersión de la población y la inaccesibilidad a los territorios devastados.

Muy sencillo: No dejar volver a las dos millones de personas a los sitios que habitaban -y resguardan- con la excusa de construir nuevos centros de vivienda donde puedan concentrarse los núcleos familiares víctimas de los elementos naturales.

Se ofrecería a los desplazados la maravilla de los “empleos temporales” en las obras de reconstrucción.

No se eliminaría pero al menos se atemperaría a la resistencia de los pueblos originarios contra el despojo de su patrimonio.

Perversa y criminal la idea, sólo basta recordar que el neoliberalismo no tiene madre (obispo Rodríguez Madariaga dixit).

Lo único que podría salvar a los indígenas de esa maquiavélica operación es que al actual gobierno se le acaba el oxígeno: Sólo le alcanza para menos de 13 meses. La divina providencia toma sus precauciones. Es cuanto.



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