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De terremotos y operaciones anticrisis

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

El subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Erick Ibarra Cruz informó ayer que, después de los terremotos,  el área metropolitana está bajo control de cuatro mil elementos del Ejército, mil 200 de la Marina Armada de México y mil 200  de corporaciones policiacas al mando del gobierno de la ciudad.

Adicionalmente, de acuerdo con el informante, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha montado cuatro mesas especiales de investigación para recibir denuncias específicas por pérdida total o daños en vivienda, en cuyo caso eventualmente podrían ser imputadas penalmente las empresas constructoras de esos inmuebles.

No es un dato menor, el que se refiere al destacamento de cinco mil 200 activos de las fuerzas armadas federales en prevención o represión de ilícitos que ya se han estado registrando en medio del caos de la ciudad. La explicación puede resultar obvia: Después de todo, se trata de la sede de los Poderes de la Unión.

Debe subrayarse y deslindarse la misión de esos contingentes respecto de la prevención contra la acción de la delincuencia.

Es preciso hacerlo porqué, en el asomo de la anarquía, núcleos vecinales y familiares agobiados por la tragedia -y por la ineficacia de las autoridades gubernamentales, según denuncian-, expresan signos de desesperación y de  furiosa protesta en algunas demarcaciones delegacionales de la CDMX donde resulta a todas luces insuficiente e inoportuna la intervención gubernamental, tanto en la gestión de auxilios como en materia de seguridad pública.

Aun en apariencia la coordinación jerárquica de los diversos niveles de autoridad, concertada para el control de daños, sin embargo se difunde la impresión de que las acciones acometidas por el gobierno tienen un visible grado de improvisación y de discrecionalidad administrativa.

¡Cuidado! con los pescadores a río revuelto

La situación traumática posterremotos  por la que atraviesa la sociedad citadina, nos recuerda un reciente estudio de Inteligencia procesado por instancias de Seguridad Nacional y académicas de los Estados Unidos, sobre la falta de un plan de Estado en circunstancias de crisis en las metrópolis.

Entre las grandes ciudades del mundo a las que se enfoca esa investigación, se nombra expresamente a la Ciudad de México.

Observa el estudio retomado para estos comentarios, que en los casos examinados, el Estado acredita experiencia y resultados en la represión de la criminalidad o la subversión en los territorios rurales, no así en las grandes concentraciones urbanas.

Es pertinente hacer dos acotaciones al respecto: 1) Cuando los autores de ese estudio hablan de Seguridad Nacional, el concepto se asocia a la de los Estados Unidos; y, 2) su aplicación, a tenor del estudio, se aconseja como respuesta a eventuales manifestaciones de protesta de naturaleza social o política.

No es ocioso apuntar el dato de que, en versiones transcritas de conversaciones telefónicas entre el presidente Enrique Peña Nieto y su par estadunidense, Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca le propuso aceptar en México la intervención de sus agentes militares porque, le dijo, “tus soldados” tienen “miedo” de actuar.

Es cierto que Trump se refirió expresamente al crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, pero dado el nivel de simplificación que caracteriza al presidente republicano, es dado a confundir la gimnasia con la magnesia.

Es pertinente señalar, también, que Washington ha sido terco en subordinar a los mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas a los designios de los Comandos Norte y Sur de El Pentágono.

Replanteamos el escenario en la Ciudad de México después de los terremotos.

Según lo informado por Erick Ibarra Ruiz, considerables contingentes de las fuerzas militares operan ya en la metrópoli. En la contraparte, según consta en los registros mediáticos, las protestas sociales en algunas zonas de la ciudad dejaron de ser larvadas y se expresan ya en términos poco serenos. (Hubo incluso conato de linchamiento contra el jefe delegacional de Xochimilco).

Primero: Apegarse al mandato de la Constitución

Obligado es hacer cita de algunos mandatos constitucionales: No podrá restringirse el ejercicio del derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección de la familia. Se recuerda que no pueden restringirse o suspenderse las garantías judiciales indispensables para la protección de ese y otros derechos.

Esas prescripciones están contenidas en el artículo 29 de la Constitución, en cuyo texto se habla de casos graves de perturbación de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro o conflicto

En más de una página a renglón seguido que ocupa ese artículo constitucional, no hay una sola línea que autorice apelar al uso de las fuerzas armadas para enfrentar la crisis, aun cuando la eventual suspensión de derechos y  garantías la motivara un caso de invasión.  

A mayor abundamiento, medidas de esa magnitud deben pasar por la aprobación del Congreso de la Unión.

Esos elementos valorativos justifican nuestra preocupación cuando nos referimos párrafos antes a la evidencia de que no pocas medidas anticrisis tienen un alto grado de improvisación y de discrecionalidad administrativa. Esto es, de facto.

Lo recomienda la sensatez: ¡Vale más un grito a tiempo! El horno no está para bollos. Las tentaciones son no sólo imprevisibles, si no muchas veces irreparables en sus consecuencias.


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