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Transparencia: El que hace la ley, hace la trampa

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

El cadáver de la transición democrática arrastró a su tumba en México a sus bebés que, sin embargo, ambulan por ahí como verdaderos muertos-vivos que cuestan a los contribuyentes una millonada de pesos anual.

De la transición democrática se habla aquí desde 1997 en que se registró una nueva composición en la correlación de fuerzas políticas como producto de los procesos electorales de ese año.

Ese promisorio espectro ya era amamantado por la comunidad intelectual mexicana remitiéndose a los cambios de regímenes políticos en España, Portugal, la Unión Soviética y algunos países latinoamericanos.

¿Por un gobierno abierto?

En aquel recorrido se dio un fenómeno sensacional: Un especulador financiero de origen húngaro -que provocó un crack en el mercado bursátil británico con impacto internacional-, George Soros, en el contexto inicial de la globalización emprendió una crítica al capitalismo que condensó en varias publicaciones.

Soros sorprendió a la comunidad política mundial con su iniciativa Por una sociedad abierta, cuyas derivaciones han sido Por un gobierno abierto y Por un Parlamento abierto. Habrá tiempo de abordar esa agenda a la que México le ha coqueteado con cierta timidez desde 2011 hasta 2016.

Lo que en esta ocasión sirve a esta entrega, es que Soros impulsó con cuantiosas donaciones personales la fundación Transparencia Internacional para el combate a la corrupción. México tiene su capítulo.

La reglamentación del artículo sexto constitucional

De la transición democrática, en México quedó sólo en alternancia partidista en el poder. Pero la ocasión en el sexenio de Vicente Fox sirvió al que se denominó Grupo Oaxaca para acometer, no una cruzada, sino la exigencia de reformas para rasgar la opacidad en la gestión gubernamental de los recursos públicos.

Desde la Gran Reforma Política 1977-1978, el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles logró introducir la enmienda al artículo sexto de la Constitución, por la que se consagró el Derecho a la Información como garantía protegida por el Estado.

Esa enmienda quedó “en sueños” durante más de dos décadas por la resistencia del duopolio televisivo.

Fue el artículo sexto constitucional una de las bases que el Grupo Oaxaca esgrimió para generar una política de acceso a la información pública gubernamental. Otra reforma procesada en 2013 por el Congreso de la Unión le dio carácter general al Derecho a la Información.

Los sujetos obligados (Federación, estados y Distrito Federal), deberán preservar sus documentos, archivos actualizados y publicarlos (…) “sobre el ejercicio de los recursos públicos”.

El Derecho a la Información nació asfixiado

Durante el sexenio de Fox se emitió la primera ley por la que se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En el mismo sexenio se sospechó que aquel ordenamiento encajaba en el catálogo de lo que se tipifica como lex simulata: Estuvo cargado de candados.

En una evaluación editorial preliminar al final del sexenio se supo que cientos de miles de solicitudes de información pública gubernamental fueron denegadas a título de reserva por “razones” de Seguridad Nacional. Un candado de siete llaves.

Al irse Fox de Los Pinos, una investigación académica descubrió que los sistemas de cómputo de la presidencia de la República habían sido purgados. Difícil seguirle la huella a los contenidos de los archivos digitalizados.

Como sea, surgió el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Un INAI poco transparente

Para la transparencia es el INAI. La primavera pasada empezó la grilla para el cambio de comisionado presidente del Instituto. Se hizo a los candidatos firmar un pacto de silencio sobre sus aspiraciones. La comisionada Patricia Kurczyn no resistió el secreto de opacidad.

De esa sigilosa operación resultó favorecido el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, egresado de la Universidad Regiomontana con posgrado en la Complutense. Antes, le había tirado, nada más, pero nada menos, a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ahora entramos a lo de los Derechos Humanos. Hace unas semanas, The New York Times activó una bomba de mecha corta al revelar que periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos e investigadores de la corrupción mexicanos, eran sometidos a espionaje por el gobierno mediante el uso del programa israelí NSA Group para fisgonear la comunicación por celular de aquellas personas, entre las que se nombró a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Juan Pardinas; éste director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un ariete contra la corrupción.

El todavía en embrión Sistema Nacional Anticorrupción tiene en su estructura un Comité Ciudadano. De este órgano surgió la proposición de que se emitiera un exhorto a la Presidencia de la República para que informara sobre aquel sistema de espionaje. Su adquisición, se dijo, podría haberse hecho con el desvío de recursos públicos etiquetados para otros fines.

Esa solicitud fue turnada al Comité Coordinador, que desechó la solicitud. De este comité forma parte el INAI. Su representante, el comisionado Rosenddoeugeni Monterrey, votó por la negativa del exhorto.

El escándalo Odebrecht

Ayer, el INAI tuvo sesión de pleno para el caso Odebrecht-Brasquen-Pemex, referido a presuntos sobornos de la empresa brasileña para obtener cuatro contratos de la “empresa productiva del Estado”.

Por la investigación procesada en fiscalías y tribunales de Brasil, es del dominio público que se habrían trasegado a México más de 10 millones de dólares para cohechos. La secretera Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho comparecer a diez funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex.

Después de que estalló el escándalo original, fue cesado el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. ¿Por razones de salud?

La solicitud de información fue puesta en manos del INAI. La rechazó. Un comisionado propuso que la información fuera clasificada como  confidencial. El pleno optó por la reserva ya que, estando de por medio una persona moral, tendría que anteponerse la presunción de inocencia. El asunto va más allá, se alegó, del interés público general. La reserva aplica en caso de riesgo a la Seguridad Nacional.

Quien quiera saber algo de la res pública, a propósito del asunto comentado,  debe atenerse a los boletines de la PGR en donde, para ilustrar nuestro optimismo, se dictan verdades históricas.

Tiempo hace que la formación de leyes en México deja mucho a deber bajo la sospecha de que, el  que hace la ley, hace la trampa.

Por otro tema legislado, el constitucionalista priista don Sergio García Ramírez, dejó establecido que cada vez el Congreso de la Unión cede más poderes al Estado en detrimento a los derechos de los ciudadanos.

Aplica ese juicio de valor a los conductores del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, endosado para todos efectos prácticos a los comisionados presididos por Francisco Javier Acuña Llamas, el que quería ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


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