CIUDAD DE MÉXICO, (Sputnik), 7 de diciembre de 2020 .— El Gobierno de México solicitó a las autoridades de EEUU la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, y quien fue detenido el 10 de diciembre en Dallas, Texas (sur) bajo cargos de narcotráfico, confirmó una fuente de cancillería.
“Por conducto de la embajada [mexicana en Washington], y a solicitud de la FGR (Fiscalía General de República) se presentó la solicitud de extradición [de García Luna]. No tengo ni puedo ofrecer más detalles”, dijo la fuente en una comunicación de mensajería electrónica con corresponsales extranjeros acreditados.
La cartera que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó así versiones preliminares que citaban una fuente diplomática en la capital estadounidense, acerca de la petición de traer a México al exfuncionario que enfrenta un juicio en Nueva York por “conspiración para tráfico de drogas” y de realizar “declaraciones falsas”.
La FGR habría obtenido, recién el 27 de noviembre pasado, una orden de aprehensión judicial contra García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito.
García Luna también podría recibir una condena de cadena perpetua: por conspiración para distribuir 5,3 toneladas de cocaína.
También está acusado de mentir a las autoridades migratorias, en junio de 2018, al afirmar que “jamás había cometido un delito por el cual no había sido arrestado”.
García Luna compareció el 7 de diciembre ante un juez de Nueva York tras permanecer más de 40 días aislado, debido al repunte dela pandemia de coronavirus en el Metropolitan Detention Center de esa ciudad estadounidense.
El caso dio un vuelco luego de que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles cuando viajaba de vacaciones con su familia, acusado de narcotráfico.
Un acuerdo entre el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de su homólogo Donald Trump permitió que EEUU le retirara los cargos, con el compromiso de que sea juzgado en su país.
Las autoridades mexicanas argumentaron que la agencia antidrogas estadounidense DEA había violado un acuerdo bilateral, al no informar a sus contrapartes.
El general Cienfuegos regresó a México el 19 de noviembre, y fue notificado de que sería investigado, pero desde entonces fue dejado en libertad.
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