¿Quién está detrás del freno a ley eléctrica?

Por su parte, Zaldívar respondió que la queja interpuesta por el jefe del Ejecutivo sobre el actuar del juez Gómez Fierro sería turnada al área correspondiente del Consejo para su análisis y posterior resolución.

No obstante, aclaró que, “como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”.

“El ataque a los jueces refleja no sólo el desconocimiento del Estado de Derecho, sino sobre todo y preocupantemente, el talante autoritario del gobierno. El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia”, expresó Calderón Hinojosa en su cuenta de Twitter.

López Obrador se ha lanzado contra el Poder Judicial por frenar la reforma a la industria eléctrica porque considera que “alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres”.

En este sentido, recordó que la empresa Iberdrola incorporó a su nómina a exaltos funcionarios de gobiernos pasados, como Georgina Kessel, quien fuera secretaria de Energía y directora de Banobras durante el sexenio antepasado, y al expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, refirió a personajes de este “agrupamiento conservador y reaccionario”, tales como el empresario Claudio X. González, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exministro José Ramón Cossío.

Pero más allá de los señalamientos de López Obrador, lo cierto es que algunos expertos auguran que la nueva política energética de México podría causarle problemas al país con el Gobierno de Joe Biden; esto, debido a que la mayoría de las empresas enfocadas en el sector de la energía son de origen estadounidense.

Duncan Wood, asesor del Instituto México del Wilson Center, expresó que la administración de Biden reconoce la importancia de una buena relación con su vecino, por lo que “hasta ahora hemos visto un enfoque cauteloso y moderado por parte de la administración de Biden”.

Por lo cual, explicó, el Gobierno estadounidense esperará la resolución final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma eléctrica antes de apelar a los lineamientos legales que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Una vez que eso ocurra, tal vez la administración de Biden podría pasar a la siguiente fase. Si la Suprema Corte finalmente dictamina que la ley es constitucional, entonces es probable que veamos acciones enmarcadas en el T-MEC o incluso en las disposiciones del TLCAN, ya que hay un período en el que se pueden aplicar esas medidas. A menos que haya un cambio de actitud, y no espero que lo haya, esta es una de las áreas donde vamos a ver más enfrentamientos [entre ambos gobiernos]”, advirtió Wood en un evento organizado por el Wilson Center.