Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados resaltaron la importancia de aprobar la reforma a la Ley General de Víctimas, promulgada en enero pasado, al fijar su posición previo a la votación.
Esta ley, y la reforma que envió a San Lázaro el Senado de la República, es resultado del reclamo legítimo de justicia por parte de la sociedad civil organizada, dijo desde tribuna la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PRI), al fijar la posición de su bancada.
“Coincidimos en la urgencia de restañar en lo posible las profundas heridas causadas en corregir lo necesario para el combate a la delincuencia organizada que no dañe más nuestro tejido social dejándole cicatrices imborrables, hartazgo, miedo y dolor”, indicó.
Karina Labastida Sotelo (PAN) señaló que con las modificaciones propuestas se fortalece el sistema jurídico de protección a las víctimas del delito en materia de atención, protección y restitución del daño.
Margarita Tapia Fonllem (PRD) consideró que ésta es un reconocimiento de la realidad negada a los familiares de miles de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas como resultado de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.
Tomás Torres Mercado (PVEM) consideró esta reforma como una reivindicación social y política de las víctimas y afirmó que las modificaciones ponen fin “a la maldita impunidad” e impulsan la responsabilidad del Estado a garantizar tranquilidad y paz a los mexicanos.
Zuleyma Huidobro González (MC) indicó que la Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituir y reintegrar a las víctimas a la normalidad de la vida cotidiana.
Lilia Aguilar Gil (PT) aseguró que con esta legislación se está dando respuesta a una emergencia nacional, que es la protección de los derechos humanos de quienes fueron víctimas del delito.
René Fujiwara Montelongo (NA) resaltó que la ley establece de manera clara los mecanismos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y con las reformas aprobadas se perfecciona el marco jurídico y garantiza su operatividad y eficacia.