CIUDAD DE MÉXICO, (Notimex), 07 de febrero de 2018 .- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exhortó a las autoridades locales y federales a blindar los programas sociales contra la coacción del voto rumbo a las elecciones del 1 de julio.
La diputada promovente Mariana Moguel Robles consideró necesario implementar los mecanismos necesarios para evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines electorales.
Sin duda, explicó en tribuna la vicecoordinadora de la bancada priista, desde la capital del país debemos poner el ejemplo y ser un referente de elecciones garantes e imparciales.
“Un programa social sí puede cambiar la vida de una familia y no debe condicionarse, bajo ninguna circunstancia, su beneficio a cambio de un voto. Debemos terminar con esas prácticas que dañan a la democracia de nuestro país. Pero, sobre todo, a miles de familias”, abundó.
La asambleísta recordó los casos presentados durante el último periodo electoral ordinario de 2015 y el realizado durante 2016 para la definición de la Asamblea Constituyente, mismos que demeritaron los resultados.
Por ello, dijo, es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México haga valer la Ley Electoral y en específico el Artículo 17 de la carta magna local que a la letra especifica la prohibición a autoridades, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales.
De acuerdo con el calendario electoral, las campañas de los aspirantes a la Presidencia de la República, al Senado, la Cámara de Diputados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México comenzarán el 30 de marzo; las relativas a la elección de 66 diputados locales, 16 alcaldes y 160 concejales iniciarán el 29 de abril.
Todas concluirán el 27 de junio, momento en el que entra en vigor la llamada “veda electoral” rumbo a la jornada del 1 de julio.
“Pido también a las autoridades delegacionales, al gobierno central y el Gobierno Federal un informe preciso sobre las acciones y mecanismos a implementarse para garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines político electorales”, subrayó.
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