Cambia Senado 14 artículos de la Constitución; da dientes a autoridades para atacar y sancionar corruptelas; va a Congresos locales.
Tras un debate de más de cinco horas y 30 minutos, el Senado aprobó en lo general por mayoría absoluta -97 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones- cambios a 14 artículos de la Constitución para instituir el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual da “dientes” a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, así como los organismos de control interno en los estados, para detectar, monitorear, denunciar y sancionar incluso penalmente cualquier funcionario público que caiga en corruptelas, así como a las empresas privadas y sus directivos coludidos.
Al presentar para su aprobación el proyecto de dictamen correspondiente, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que “el Sistema Nacional Anticorrupción se basa en la actuación armónica y coordinada, pero con atribuciones propias de ejercicio autónomo entre sí, por parte de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el ámbito nacional, y sus homólogas en las entidades federativas, y los tribunales federal y de las entidades federativas de justicia administrativa para conocer, sustanciar y resolver los asuntos que impliquen responsabilidades administrativas graves.
Acorde con la responsable de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, el Congreso de la Unión cumple un compromiso con la sociedad que llevaba más de un año sujeto a debate en el Poder Legislativo, tomando en cuenta que se calcula que el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del PIB, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año, y el doble de recursos que invertimos en educación pública. Ahora, dijo, se obligará a los funcionarios públicos en todo México a cumplir con la ley sin exclusión.
“Es importante señalar que con esta reforma, los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito”, destacó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz.
Sin embargo, el senador perredista y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, aseguró que los cambios constitucionales representan un primer paso que deberá confirmarse en leyes secundarias para que la corrupción realmente se erradique en toda la nación, en donde no quede fuera el Poder Judicial y se elimine también el fuero a nivel nacional.
Por su parte el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, preciso:
“Si bien se ha dado un paso adelante, todavía hay mucho camino por recorrer. Porque lamentablemente el combate a la corrupción y a la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos administrativos y penales, sino se requiere un cambio de actitud, un cambio en la cultura de ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en nuestra sociedad y particularmente el cumplimiento irrestricto por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir la ley, de enfrentar y no permitir la impunidad en la comisión de actos de corrupción”.
Con información de Excélsior