El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Miguel Barbosa Huerta, declaró aprobado el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXXI del Artículo 73 Constitucional en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas, con lo que se faculta al Congreso para expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y desaparición forzada de personas.
Fueron 19 los congresos de los Estados los que aprobaron esta reforma constitucional. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Se remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
En la tribuna, el senador priista Arturo Zamora Jiménez, destacó que debido a los acuerdos de todas las fuerzas políticas fue posible crear normas que hacen más efectiva la tutela efectiva de los derechos de todos los mexicanos. “Esta no es la excepción”.
Con esta reforma se podrán generar ordenamientos procesales que sean asequibles y que permitan investigar el paradero de personas sujetas a desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado e incluso por actividades de particulares, dijo el legislador jalisciense.
Manifestó que al crear una Ley General para tutelar estos derechos y libertades, se convertirá en un ordenamiento que aplicará de manera general en todas las esferas de competencias del Estado mexicano.
“Hoy hemos dado carta de naturalización con la aprobación de 19 entidades federativas a través de sus legislaturas, de esta reforma al 73 Constitucional”.
Por el PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez destacó que “estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de estas graves violaciones a los derechos humanos, acordes con los instrumentos internacionales.
El senador perredista Zoé Robledo Aburto destacó que la reforma constitucional “no es una victoria de los políticos y de quienes rechazaron durante muchos años que la desaparición forzada se cometiera en el país sino que se trata de un triunfo de la sociedad civil, de las víctimas y de casos como el de Rosendo Radilla.
Por el PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado expresó que la ciudadanía lo que aspira es que el que gobierna lo haga con respeto a la ley y genere condiciones de tranquilidad y de paz para el desarrollo y vida en comunidad.
La diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda, señaló que esta reforma permitirá al Estado mexicano atender a cabalidad los tratados internacionales en la materia, pero sobre todo, cumplir con el compromiso de garantizar los derechos humanos de los mexicanos.