El Senado de México aprobó este miércoles un dictamen que crea una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de delimitar el funcionamiento y atribuciones de esta dependencia.
Con 108 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó una nueva legislación que sustituye a la Ley Orgánica de la FGR, que fue aprobada en diciembre de 2018.
La nueva ley crea una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, para investigar y perseguir estos delitos en el orden federal.
Asimismo, el dictamen aprobado establece la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, mediante el cual la FGR deberá fijar las estrategias para la investigación y persecución de los delitos.
Por otra parte, la nueva ley de la dependencia precisa los alcances de laintervención de los elementos de la Guardia Nacional en la investigación de los delitos.
De acuerdo con el autor de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal, del oficialista Morena, la nueva ley establece “una estructura orgánica funcional” acorde a las atribuciones del Ministerio Público de la Federación, mientras que ayuda a combatir la “fragmentación de las investigaciones” por parte de la FGR.
Además, estipuló las facultades del titular de la Fiscalía General de la República para “crear comisiones especiales de carácter temporal” en la investigación de “fenómenos de criminalidad”.
Críticas
La propuesta original fue muy criticada por diversas organizaciones sociales, ya que en nombre de la “autonomía”, el texto establecía que la Fiscalía General ya no participaría en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; en el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tras la polémica generada, el dictamen fue modificado y se estableció la participación de la FGR, con plena autonomía, en los órganos de coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos.
No obstante, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, quien votó en contra del dictamen, consideró que esta nueva ley “limita los derechos de las víctimas“, porque asegura que exime a las autoridades de ciertas obligaciones, como informar permanentemente de los procedimientos penales y dar acceso a los expedientes judiciales.