El Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este miércoles abrir una investigación hacia el presidente Jair Bolsonaro, acusado de difundir falsas noticias acerca del sistema electoral vigente, informó el periódico G1.
El ministro del máximo tribunal de Justicia del país, Alexandre de Moraes, determinó incluir al mandatario en un expediente en el que se investigan los delitos de “calumnia” e “incitación al crimen”, debido a los cuestionamientos sin pruebas que realizó en las últimas semanas sobre el voto electrónico, cuando restan 11 meses para los comicios presidenciales.
El lunes último, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil pidió a la Corte Suprema la apertura de una investigación complementaria a la que ya cursa ese organismo.
Aunque no ha presentado pruebas, Bolsonaro asegura que el sistema de voto electrónico, utilizado en Brasil desde 1996, se presta al fraude. Por esa razón, el mandatario propone que se imprima un recibo después de cada voto en la urna electrónica, para que los totales puedan ser recontados físicamente.
El domingo pasado, seguidores del excapitán del Ejército salieron a las calles para respaldar su iniciativa de modificar el actual método de sufragio, aunque el presidente no participó de las movilizaciones.
En respuesta a las investigaciones que inició el TSE, el mandatario contestó que no aceptará “intimidaciones” de ese cuerpo ni “elecciones dudosas en 2022”.
Además, ha llegado a convocar al pueblo a “armarse” en caso de registrarse un “fraude” en la competencia electoral.
El líder de la ultraderecha brasileña buscará la reelección en los comicios del próximo año, aunque su principal competidor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se perfila como virtual ganador, según las encuestas.
Al formar parte de la investigación sobre las noticias falsas, Bolsonaro corre riesgos, en última instancia, de ser apartado de las elecciones.
Para que esto ocurra, la Fiscalía tendría que presentar una denuncia formal contra el mandatario al terminar la investigación, después la Cámara de Diputados debería aprobar con dos tercios de los votos que el proceso continúe, y finalmente debería ser condenado por el Tribunal Supremo.