Legisladores, organizaciones sociales y especialistas firmaron este jueves en el Senado de la República la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes, que busca establecer una plataforma de acciones para enfrentar los problemas de violencia que enfrenta este sector a su paso por México.
En el marco del Simposio Internacional Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, la senadora Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión de Asuntos Migratorios, precisó que con el documento se trata de instrumentar “una política de Estado plena” para resolver este problema.
Destacó que la nula protección a los derechos humanos de las mujeres indocumentadas provoca que sean víctimas contantes del maltrato y los esfuerzos de las diversas instituciones para atender el tema son aislados y “no concluyen absolutamente en nada”.
La legisladora del PT afirmó que “las mujeres que deciden migrar saben de antemano que además de la violencia física de la que pueden ser víctimas también lo serán de violencia sexual” y “se aprecia que están claras a pagar con favores sexuales a autoridades, criminales o al mismo guía”.
Ante este panorama, dijo, en el Senado se decidió articular la participación de las organizaciones sociales, instituciones, académicos, investigadores y legisladores para concretar acciones que permitan resolver esta problemática.
En su turno, el senador Humberto Mayans Canabal, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, subrayó que el 49 por ciento de los migrantes a nivel mundial son mujeres y 51 por ciento hombres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
Agregó que los flujos migratorios femeninos se caracterizan por la participación importante de población que está entre los rangos de 30 y 40 años y que corresponden a la edad de mayor productividad laboral.
El legislador priista enfatizó que el nivel educativo de ellas es menor que el de los hombres y eso las hace susceptibles de todo tipo de abusos.
Por ello, en la Cámara de Senadores nos comprometemos a impulsar todas aquellas reformas al marco jurídico para proteger los derechos de las mujeres y los niños indocumentados.
A su vez, la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la colegisladora resaltó que en las mujeres centroamericanas “hay más temor de pasar por México” que cruzar la frontera con Estados Unidos.
Aseveró que en Honduras, cerca de 80 por ciento de las indocumentadas deciden tomar la píldora anticonceptiva “porque asumen que los más probable es que sean abusadas y violadas” en su paso por nuestro país.
Por su parte, René Leyva Flores, del Instituto Nacional de Salud Pública, resaltó que dos de cada diez indocumentados que “pasan” por las casas de migrantes en México son mujeres.
Señaló que existe una prevalencia media de más del 40 por ciento de los migrantes, hombres y mujeres, que sufren algún tipo de violencia: secuestro, robo, accidentes y golpes, pero son ellas las que padecen el mayor número de violaciones sexuales.
Prácticamente, enfatizó, 15 por ciento de las mujeres que buscan mejores oportunidades de vida al otro lado de la frontera son víctimas de violación sexual y esto tiene consecuencias graves en términos de salud para la población”.
En su turno, Juan Manuel Contreras, Oficial de Programas de ONU-Mujeres, destacó que en 2005 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación por las desapariciones de mujeres y el fenómeno de la trata de personas.
En este sentido, dijo, la Convención recomendó al Estado mexicano tener mayor información sobre el fenómeno, entablar acciones de sensibilización hacia las mujeres sobre este problema y capacitar a funcionarios que las atienden.