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Funcionario quiere quitar agua a Mexicali para venderla a EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik), 26 de septiembre de 2017.-  Legisladores de México consideran que una disposición legal que autoriza la venta de agua de México a EEUU viola el tratado bilateral de aguas fronterizas, dijo el secretario de Comisión Frontera Norte del Senado, Marco Antonio Blásquez.

La reglamentación presentada por un organismo federal mexicano para ser autorizada y aprobada por la cancillería y el Senado del país latinoamericano “afecta el interés nacional al autorizar la venta de aguas a Estados Unidos”, dijo el legislador, quien exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a rechazarlo y destituir al funcionario que la promueve.

“La secretaría de Relaciones Exteriores debe rechazar el Acta 323 por violar Tratado de Aguas con Estados Unidos”, dijo Blásquez.

El líder de los temas fronterizos en la Cámara Alta presentó un punto de acuerdo senatorial para que el presidente Peña Nieto “instruya al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a rechazar el contenido del Acta 323″.

Ese documento fue remitido para su ratificación por el comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), “que afecta el interés nacional”, enfatizó.

Marco-Antonio-Blásquez-Salinas. EspecialEl comisionado federal mexicano “ha consentido la venta de agua a Estados Unidos, al suscribir el Acta 319 ya ratificada, y el Acta 323 en proceso de confirmación”, denunció el senador.

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Esa autorización de venta de ese recurso natural “no forma parte de las estipulaciones del Tratado de Aguas, firmado el 3 de febrero de 1944 entre ambas naciones”, explicó al pleno senatorial el legislador.

El Acta 323 establece que el comisionado mexicano solicita sea ratificada, contiene “diversos puntos que afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de Mexicali en particular”, en la zona fronteriza con EEUU.

La autorización de la venta de agua a organismos operadores acuíferos estadunidenses al otro lado de la frontera, “se disfraza como programa de sustitución de infraestructura”, reveló el responsable legislativo.

El senador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo advirtió que “cualquier modificación a los tratados, es competencia exclusiva del poder Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Senadores”.

Por lo tanto, “este hecho excede de las facultades del comisionado, que debe ser removido de su cargo“, planteó el senador de la comisión legislativa.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su análisis y presentación de un dictamen que pueda votar, a favor o en contra, el pleno legislativo.

El senador que hizo la denuncia es representante por el estado de Baja California, fronterizo con EEUU, para el periodo 2012-2018, y fue el primer candidato postulado por partidos de izquierda electo senador en los estados de la frontera norte de México. 

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