La Fiscalía General de Morelos cuenta con sus propias fosas comunes clandestinas donde inhuma sin permiso y de manera subrepticia cadáveres que nadie reclama, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de investigación ni siquiera constancia alguna del levantamiento del cuerpo.
Al menos 150 cuerpos fueron colocados en dos fosas ubicadas en un predio del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, según la investigación realizada por la familia Rodríguez Hernández, que incluye una grabación en video en la que se observa una diligencia en la que se exhumaron los cuerpos y luego fueron inhumados de nueva cuenta.
Los cadáveres fueron colocados en tablas que hacen las veces de camillas y luego embalados con plástico tipo PVC.
Algunos de los “paquetes” tienen incluida una botella de plástico PET, de las que usualmente se venden con agua purificada, mismas que tienen un papel con algún número de carpeta de investigación o algún tipo de dato que permite su ubicación, aunque la gran mayoría carece de ello.
Los cuerpos fueron colocados en las dos fosas, apilados y separados por delgadas capas de tierra.
Todo esto se desprende de la investigación realizada por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150, mismo que fue colocado “por error u omisión” en una de estas fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente identificado por la familia, pero también, no obstante que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.
En el video se puede observar a personal de la Fiscalía, ataviado con trajes blancos, abrir con máquinas excavadoras las dos fosas y luego extraer uno a uno los cuerpos embalados, hasta que hallan el cadáver de Oliver Wenceslao.
La exhumación ocurrió el 9 de diciembre de 2014, derivado de presiones y gestiones de la propia familia.
Sin posibilidades de evitarlo, la Fiscalía se vio obligada a admitir que el cadáver había sido inhumado de manera “errónea” y autorizó la diligencia. La familia pudo presenciar todo y grabar un video, a pesar de la resistencia del personal de la Fiscalía.
María Concepción y Amalia Hernández Hernández, madre y tía de Oliver, respectivamente, exigen que se aclaren las anomalías y se deslinden responsabilidades, pues para inhumar en estas condiciones el cadáver de su familiar, y de los otros 149, hubo falsificación de firmas y otros delitos, además de que no se contó nunca con la anuencia de los afectados.
Pero van más allá al advertir que este caso es del conocimiento no sólo del anterior fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango, sino del encargado de despacho Javier Pérez Durón, y del propio gobernador Graco Ramírez, a quien la familia acudió en su momento y del que sólo recibieron negativas y descalificaciones.
Incluso han sido objeto de amenazas veladas de funcionarios o abiertas de parte de individuos sin identificarse, quienes han exigido a la familia “ya no moverle o se los carga la verga”.
Con lágrimas en los ojos, Amalia señala: “Por suerte, por una mera casualidad, supimos lo que ocurrió con el cuerpo de mi sobrino, pero ¿y los demás cuerpos? Hay 150 madres, tías, familias buscando a esos otros cuerpos y por una orden absurda, violando todas las leyes, se coloca a estos cuerpos en fosas que no cuentan con los permisos correspondientes. ¡No se vale lo que hacen!”.
En el documento que presentan como base para la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María Concepción Hernández señala:
“Con base en esta investigación se puede suponer que los 150 cadáveres fueron inhumados de manera clandestina e ilegal por la Procuraduría, pues nunca se notificó al oficial del Registro Civil de Cuautla, y es más, éste nunca dio su autorización ni expidió los certificados de defunción” de los cuerpos.
El caso Oliver Wenceslao
Oliver Wenceslado Rodríguez fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa de Cuautla por cuatro sujetos mientras recogía a sus hijos de la escuela.
Con base en la versión de testigos se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.
El 3 de junio de ese mismo año, es decir, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el barranco de Los Papayos, en el municipio de Ayala, vecino de Cuautla. El cadáver se levantó y se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-A/1791/2013 por el delito de homicidio.
En esa carpeta se consigna que el cadáver estaba sin identificar.
Después de revisar las pertenencias del cuerpo se encuentra una credencial y se establece que era Rodríguez Hernández.
Sin embargo, con ayuda de la Procuraduría de Guerrero se realiza una prueba de ADN a la mamá de la víctima, María Concepción Hernández Hernández, la cual establece “un 99.99 por ciento de probabilidad” de identificación entre ambos familiares.
Pese a ello, autoridades de la Fiscalía sugirieron a la madre de Oliver que no reclamara el cadáver, sino que permitiera que se hicieran otros peritajes.
Concepción Hernández recuerda que la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy, le planteó que era “necesario realizar más periciales al cadáver, por lo que era importante que no me entregaran (el cuerpo) en esos momentos para asegurar las pruebas y evitar que los responsables salieran libres”.
La familia dio su anuencia a que el cuerpo siguiera en la Subprocuraduría Regional Oriente, que unos meses después se convirtió en la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla.
Por ello había dos carpetas de investigación, una por secuestro, la otra por homicidio, ambas acumuladas en el mismo caso. Entonces, supuestamente la investigación continuó.
Y según relata la madre, en una reunión el 4 de diciembre de 2014, prácticamente un año y medio después de hallado el cadáver, el encargado de la Fiscalía regional, José Manuel Serrano Salmerón, informa a la familia que el cadáver de su hijo había sido enviado a una fosa común.
Pero no sólo eso, también admite que ésta ubicada en la calle 5 de Mayo, entre las colonias 12 de Diciembre y 19 de Febrero, del poblado de Tetelcingo, en Cuautla.
El funcionario informó además que tenía conocimiento de que el cadáver había sido inhumado en esa fosa el 28 de marzo de 2014, es decir, nueves meses antes de que la familia se enterara de esto.
Concepción Hernández afirma que ella confió todo el tiempo en que el cuerpo de su hijo estaba en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional, sin embargo, según el propio Serrano Salmerón, habrían sido el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, y la directora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, quienes habían ordenado la inhumación de 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Wenceslao.
Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres y sin enviar oficios de aviso o solicitud de esos permisos.
De hecho, obran en poder de Apro copias de los oficios del ayuntamiento de Cuautla en lso que se expresa que no existe ni aviso ni solicitud de algún tipo para este tipo de inhumaciones.
El ayuntamiento que encabeza el perredista Jesús González Otero sostiene que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 150 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.
El 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. Para ello, los familiares acudieron a presenciar, no sin resistencia del personal de la Fiscalía, la diligencia en la que se exhumaron los 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Wenceslao, restos que fueron entregados a la familia.
Al término de la diligencia, los 149 cuerpos restantes fueron devueltos a las fosas, en las condiciones originales, es decir, sin exhibirse permisos o avisos oficiales.
“Cadena de violaciones”
Durante las reuniones que la familia sostuvo con las autoridades de la Fiscalía entre junio de 2013 y diciembre de 2014 se tenía la certeza, sostenida por funcionarios de la dependencia, e incluso por el propio fiscal en ese entonces Rodrigo Dorantes Salgado, de que el cuerpo de Oliver estaba en las cámaras frigoríficas del Servicio Médico Forense (Semefo) de la zona oriente, con sede en Cuautla.
Fue en la reunión del 4 de diciembre de 2014 donde el titular de la Fiscalía Regional Oriente, José Manuel Serrano Salmerón, informó a la familia que el cadáver de su hijo había sido inhumado desde el 28 de marzo de 2014, aunque también admitió la inhumación de 150 cadáveres “que se encontraban en las cámaras frigoríficas del Semefo de las tres subprocuradurías del estado”, es decir, la Metropolitana en Cuernavaca, zona oriente en Cuautla y sur poniente en Jojutla.
De lo anterior se desprende que las inhumaciones se llevaron a cabo “indebidamente”, habida cuenta de que se realizaron “sin los trámites ministeriales y administrativos que la ley exige, además de que se realizaron en un lugar que no reúne los requisitos legales y de salud para su funcionamiento, ya que no cuenta con responsable sanitario y el mismo ayuntamiento de Cuautla no lo tiene registrado ni reconocido como panteón municipal”, advierten los quejosos.
Para demostrar estas irregularidades se requirió información al respecto al ayuntamiento con base en la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Morelos.
El 27 de enero pasado, el director de Salud de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, informó al edil Jesús González Otero, mediante el oficio DSM/013/15, que “en mi archivo no se cuenta con el documento” en el que la Fiscalía o alguna otra autoridad le pondría “en conocimiento en relación con la inhumación realizada el día 28 de marzo de 2014 de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”.
La familia de Oliver niega en todo momento que haya dado autorización para la inhumación de su hijo, y para ello asegura que cuentan con copias certificadas de las carpetas de investigación correspondientes: una por secuestro y la otra por asesinato, por lo que se tiene “la certeza legal de que no existe petición u oficio que ordene la inhumación del cadáver relacionado” con dichas carpetas, es decir, el de Oliver Wenceslao.
Pero además, “no hay acuerdo de inhumación ni oficio que lo ordene, no existe autorización del oficial del Registro Civil para la inhumación y tampoco la expedición del certificado de defunción, permitiendo asegurar que la inhumación resulta ilegal”, sostiene la familia en su escrito de queja ante el ombudsman estatal.
Por si fuera poco, además hubo falsificación de firmas.
Es por ello que la familia se quejó ante un tribunal por dilación de la justicia. Luego de ello, la juez de Control, Juicio Oral y Ejecución, Gabriela Acosta Ortega, determinó que existía “omisión dolosa” de las autoridades, así que ordenó al agente del MP que procediera a la investigación de los hechos relacionados con la inhumación ilegal del cadáver de su hijo.
Fue entonces que se conoció la falsificación de la firma del MP a cargo de la carpeta de investigación, Carlos Alberto Flores García. En otras palabras, alguna otra autoridad o personal de la propia Fiscalía habría falsificado la firma de Flores García en un oficio que supuestamente autoriza la inhumación del cadáver, pues se afirma en el documento del 28 de marzo de 2014 que la víctima “se encontraba en calidad de desconocido”.
Es decir, falsificaron la firma para incluir el cadáver de Oliver entre los 150 que inhumaron clandestinamente ese día. “¿Por qué?”, se pregunta a la mamá y a la tía de la víctima.
“Puede ser por error, pero también puede que existan otras causas, como la propia protección a los que le hicieron esto (secuestrarlo y matarlo) a mi sobrino”, acusa Amalia Hernández, tía de la víctima.
Es decir, pudo ser un “error” o dolosamente fue inhumado entre los otros 149 cuerpos con la intención de proteger a los victimarios.
La intención, denuncia la familia, es proteger a las autoridades de la fiscalía, particularmente al hoy exfiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango, además de la coordinadora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, y del fiscal regional oriente José Manuel Serrano Salmerón, a través de prácticas dilatorias que entorpecen, obstruyen y ocultan información en relación con los hechos.
Fiscalía especial, piden abogados
El experto en derecho y expresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos, Cipriano Sotelo Salgado, señaló que el hecho es “gravísimo”, y que por ello, para garantizar la autonomía de los investigadores, es necesaria la creación de una fiscalía especializada e independiente de la propia Fiscalía General, en la que debieran participar abogados penalistas y en la que participara el propio Congreso local.
En entrevista, destaca que ha habido antecedentes, como el del anfiteatro y crematorio clandestino que fue localizado este mismo año en Acapulco, Guerrero, en donde se llevó a cabo la creación de una fiscalía de esta naturaleza.
También advierte que de esta denuncia y de las pruebas que existen se pueden desprender delitos como obstrucción de la justicia y violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, más los que se acumulen.
En caso de que esto no ocurra, alerta, las instituciones quedarán vulneradas porque hay una “cadena de violaciones” a la ley que pueden constituirse en delitos graves con implicaciones de varios funcionarios y que además, en medio de la situación que vive el país, el caso pone en entredicho a las autoridades y a la propia Fiscalía.
Castigo a los culpables
El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz, demandó investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque es evidente que el caso de Oliver Wenceslao representa una violación a la dignidad humana y una revictimización de una persona que fue secuestrada y luego asesinada.
También sostuvo que existe una inercia en la Fiscalía, en el mejor de los casos, de tratar los restos humanos como si fueran cualquier cosa, dado que todo parece indicar que algunas autoridades consideran que hay que hacer todo lo necesario para “deshacerse de los cadáveres”.
Luego aseguró que existen dos antecedentes de hechos como este, uno de ellos cuando hace un año los propios trabajadores de la Fiscalía filtraron el hecho de que los cuerpos ya no cabían en el anfiteatro, y que por ello se estaban haciendo inhumaciones clandestinas.
Pero, además, Martínez Cruz señala que se han documentado 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, y hasta el momento la Fiscalía carece de protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en este caso, en las fosas clandestinas de la Fiscalía.
El otro caso ocurrió a principios de los noventa, cuando a partir de dos recomendaciones de la entonces recién creada CNDH, se buscaron y encontraron dos fosas clandestinas en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, en los límites con Puebla, en las que hallaron 19 cuerpos como parte de las investigaciones del caso de uno de los primeros desaparecidos políticos del sexenio de Carlos Salinas, José Ramón García Gómez, desaparecido el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla.
Estos cuerpos hallados en Amilcingo, se supo después, fueron inhumados clandestinamente por elementos de la División de Investigaciones Políticas de la entonces Policía Judicial del Estado, a cargo de Apolo Bernabé, hoy preso en el penal de Atlacholoaya, en Morelos.
Con información de Proceso